Protestas en Madrid contra la Ley del Suelo de Ayuso, que favorece la especulación y reduce garantías ambientales y sociales en plena tramitación parlamentaria.
La Comunidad de Madrid aprueba una ley para reducir los plazos urbanísticos de 12 a 4 años, facilitando la construcción de vivienda y el desarrollo local.
El Tribunal Constitucional anula la tramitación sin enmiendas de la reforma de la Ley del Suelo en Madrid, resaltando la protección del derecho parlamentario.
Madrid defiende su ley del suelo ante críticas del Gobierno central, promoviendo su adopción nacional para agilizar vivienda y gestión del territorio.