“Nunca se había presenciado una violencia tan extrema por parte de grupos antifascistas en Madrid”, manifiesta un agente agredido.

MADRID, 18 de noviembre.

En el juicio correspondiente a los graves incidentes del primer 'Rodea el Congreso', seis de los veintiún acusados han llegado a un acuerdo con la Fiscalía de Madrid. Como resultado, sus penas se transformarán en multas de hasta 1.320 euros después de admitir su culpabilidad por los sucesos ocurridos la noche del 25 de septiembre de 2012, beneficiándose de una atenuante por dilaciones indebidas muy cualificadas.

Esta mañana se ha dado inicio al juicio en los juzgados de lo Penal de Madrid, comenzando con las cuestiones previas y la declaración de los agentes de la Policía Nacional que formaron parte del operativo establecido por la Delegación del Gobierno en la capital.

Los acusados se enfrentan a penas que pueden alcanzar hasta ocho años de cárcel por delitos que incluyen desórdenes públicos, atentado a la autoridad, resistencia, así como daños y lesiones, entre otros.

En el marco de la protesta, aproximadamente 6.000 personas se reunieron de manera pacífica en la plaza de Neptuno para manifestarse contra la corrupción institucional. Sin embargo, la convocatoria terminó siendo disuelta mediante cargas policiales, resultando en 34 arrestos y 64 heridos, de los cuales 27 eran miembros de las fuerzas del orden.

Antes del inicio del juicio, los letrados de cinco de los acusados lograron un acuerdo con la Fiscalía mediante el reconocimiento de los delitos, lo que, sumado a las dilaciones indebidas, ha llevado a que las solicitudes de prisión se transformen en meras multas.

Así, seis de los procesados se declaran culpables de un delito de desórdenes públicos, aceptando una pena que originalmente sería de once meses de prisión, la cual será reemplazada por una multa. A otros dos acusados se les imponen once meses por atentado agravado con uso de instrumentos peligrosos, mientras que a tres más se les condena a dos meses y veinte días por atentado básico.

Durante la declaración testifical, uno de los agentes agredidos destacó que “nunca se había vivido un nivel de violencia tan alto por parte de grupos organizados antifascistas o anarquistas en Madrid” en contra de las fuerzas antidisturbios, lo que obligó a la Policía a intervenir con cargas y realizar varias detenciones. Ante ello, el agente subrayó que “miles de personas se manifestaban pacíficamente” en contra de las decisiones políticas de aquel entonces.

El policía relató que los alborotadores utilizaron la técnica conocida como 'Black Block', que consiste en vestirse completamente de negro para eludir la identificación por parte de las autoridades, además de estar armados con diversos objetos para desbaratar la protesta, como palés de madera y escudos improvisados.

La Audiencia Nacional también ha procesado a ocho de los organizadores del evento, entre los cuales se encuentra Elena Martínez, actual portavoz de la Asamblea de Apoyo a los encausados, quien en aquel tiempo era la portavoz de la Coordinadora 25S.

Al llegar a los juzgados, Martínez criticó el juicio, calificándolo como parte de “una escalada represiva” iniciada hace 12 años bajo la dirección de Cristina Cifuentes como delegada del Gobierno en Madrid.

“La misma delegada del Gobierno mencionó en su momento listas negras de militantes políticos, lo cual consideramos más apropiado para otras épocas que para un sistema democrático. Fuimos perseguidos e identificados, y se llevó a cabo un despliegue policial sin parangón en otras movilizaciones”, recalcó, recordando que esta situación condujo posteriormente a la aprobación de la controvertida Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como 'Ley Mordaza'.

En las cuestiones previas, las defensas han solicitado que los acusados ofrezcan su declaración al finalizar la fase de prueba, es decir, al término de la vista oral. Por medio de sus abogados, quienes se declaran en contra del acuerdo, rechazan los cargos y demandan su absolución. Los letrados han presentado vídeos, fotogramas y fotografías que, según argumentan, demostrarían la inocencia de sus defendidos.

La Fiscalía ha afirmado que el 25 de septiembre de 2012, un amplio grupo de personas se concentró alrededor del perímetro de seguridad establecido en torno al Congreso de los Diputados para protestar contra la corrupción institucional.

Algunos de estos manifestantes se subieron a la valla de seguridad instalada en el lugar, incitando a los demás a romper y atravesar dicho cerco con gritos como “vamos a tomar el Congreso, ahí están los ladrones,” llegando a desmantelar parte de las vallas de seguridad.

En ese instante, mientras los agentes intentaban reinstalar las vallas y requerían a los manifestantes que respetaran el cordón de seguridad, uno de los acusados se trepó a una de las vallas, instando a la multitud a infringir el dispositivo de seguridad.

Con gritos como “vamos a tomar el Congreso, vamos, ahí dentro están los ladrones que nos están jodiendo, y estos pistoleros que los defienden se los llevamos por delante”, los manifestantes violentos comenzaron a arrojar objetos a los agentes, incluidos botellas, latas, piedras y diversos proyectiles, además de agredir físicamente a los policías desplegados.

Alrededor de las 19 horas, a pesar de las reiteradas advertencias de la fuerza policial para que se respetaran las áreas de seguridad, los concentrados comenzaron a organizarse para realizar una avalancha sobre las vallas, mientras otros manifestantes violentos lanzaban objetos contra las fuerzas del orden y desmantelaban el vallado, increpando a los policías que intentaban restaurar el orden.

Los disturbios se extendieron por toda la zona, aproximadamente desde la Plaza de Cibeles hasta la fuente de Neptuno, albergando a multitudes en distintos puntos que, actuando de manera conjunta y coordinada con el objetivo ilícito de alterar el carácter pacífico de las manifestaciones, enfrentaron a los agentes con todo tipo de objetos y emboscadas.

Cerca de las 22:30 horas, alrededor de 200 personas se dirigieron hacia la zona de la estación de Atocha con “la misma y ilícita intención de desbaratar el control de paz y seguridad que intentaban mantener los agentes de policía, ocasionando serios incidentes”, según la Fiscalía.

Así, lanzaron improperios a los vigilantes de seguridad y provocaron destrozos en el mobiliario de la estación, llegando incluso a cruzar las vías, lo que ocasionó la interrupción del tráfico ferroviario, arrojando objetos, tales como piedras, a los agentes presentes.