El gobierno de la Comunidad de Madrid ha iniciado el proceso de reforma de la normativa sobre drogodependencias y adicciones, con el objetivo de proteger a los menores de edad de los efectos nocivos del cannabis al restringir su acceso.
La presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, anunció durante una rueda de prensa que el Consejo de Gobierno aprobó la publicación del anteproyecto de Ley en el Portal de Transparencia, incluyendo una consulta pública para recibir opiniones al respecto.
Entre los productos derivados del cannabis que se pretende regular se encuentran el aceite para vapeadores, snacks y gominolas con CBD, los cuales también representan riesgos para la salud. Esta reforma busca alinear la normativa con la Ley de Derechos, Garantías y Protección Integral de la Infancia y la Adolescencia aprobada en 2023.
La nueva legislación contempla la prohibición de la venta de sustancias dañinas para los menores, así como la obligación de proporcionar información clara sobre la composición, características y uso de productos destinados a este grupo específico.
Este paso se enmarca en el Plan Regional sobre Drogas impulsado por el gobierno madrileño, que busca abordar el preocupante aumento del consumo de marihuana y otras sustancias desde edades tempranas, con graves consecuencias para la salud de los jóvenes.
Según estadísticas del sistema de vigilancia de adicciones en la región, el cannabis es la sustancia ilegal más consumida entre los estudiantes madrileños de 14 a 18 años, con cifras alarmantes de uso ocasional y frecuente. La edad media de inicio en su consumo es de 14,8 años.
Además, se ha destacado la existencia de 24 Centros de Atención Integral a Drogodependientes, Centros de Día y Hospitalización de Adicciones, así como estrategias específicas para hacer frente a fenómenos emergentes como el chemsex.
El gobierno madrileño ha destinado 45 millones de euros para el Plan de Salud Mental y Adicciones, enfocado especialmente en la población joven y adolescente. Se han incorporado 370 profesionales adicionales, incluyendo psiquiatras y enfermeras, para fortalecer la prevención del suicidio y la atención a niños y adolescentes con patologías complejas en el ámbito domiciliario.
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