Reyero declara al juez que el 90% de los residentes murieron en el centro sin derivar.

Reyero declara al juez que el 90% de los residentes murieron en el centro sin derivar.

El juez a cargo del caso ha dejado claro que esta no es una "causa general" sobre la situación de las residencias en la región. El exconsejero de Políticas Sociales de la Comunidad de Madrid, Alberto Reyero, ha comparecido ante el juez y ha aseverado que el 90% de los residentes que murieron en las residencias durante la primera ola del Covid lo hizo en el propio centro como consecuencia de la aplicación de los protocolos que daban instrucciones para no derivarlos a hospitales. "Solo el 10% falleció en los hospitales. Este dato refleja muy bien lo que ocurrió y es algo absolutamente anormal", ha subrayado el expolítico.

Esta causa específica se centra en dos residencias, la residencia privada Amavir de Arganzuela y la residencia pública Adolfo Suárez, donde se registraron unas setenta muertes en el inicio de la pandemia. El juez investiga a las directoras de estas dos residencias, así como a dos doctoras a instancias de las querellas interpuestas por familiares de los fallecidos a través de la Plataforma por la Dignidad de las Personas Mayores (PLADIGMARE).

Los miembros de la plataforma y los querellantes han pedido justicia. El presidente de Pladigmare, Miguel Sánchez, ha señalado a Europa Press que, aparte de no trasladar a los residentes a los hospitales, no se les atendía en la atención primaria conforme a las órdenes dadas por la Comunidad de Madrid.

Reyero ha sido interrogado sobre el papel de los geriatras de los hospitales, dado que eran los encargados de autorizar los traslados, y sobre el funcionamiento concreto de los mencionados protocolos. A preguntas de los abogados, ha expuesto que "en las residencias se cuida y no se cura" y que "esos protocolos suponían que unas personas con unas determinadas características no tuvieran esa posibilidad de recibir asistencia hospitalaria". Además, ha mencionado que "los protocolos lo que establecían era que los geriatras de referencia fueron los que tenían que autorizar que esas personas pudieran ser trasladadas a los hospitales".

El Juez ha advertido tanto a las acusaciones particulares como al fiscal a centrarse en los casos específicos investigados en este procedimiento. Reyero ha argumentado que "los protocolos existieron, se aplicaron y tuvieron consecuencias", haciendo alusión a un informe de una revista internacional de epidemiología que apunta a que más gente murió en las residencias de la Comunidad de Madrid que en el resto de las comunidades. Según él, "había residencias que tenían más medios, pero había residencias que prácticamente no tenían medios, ni siquiera tenían ni médico ni enfermero".

El exconsejero ha declarado que los protocolos eran "una directriz política, que señalaba determinadas cosas y que nunca debieron haber existido". Además, ha reprochado que los traslados se deberían haber producido en función de la situación clínica de cada uno de los pacientes, no en función de una directriz en la que decían que personas con un determinado nivel de discapacidad o dependencia pues quedaban excluidos de su traslado a los hospitales. "Desgraciadamente", ha expresado que "no se han depurado las responsabilidades políticas".

Reyero ya había comparecido ante el juez de Instrucción número 9 de Madrid en el marco de una querella de Mareas de Residencias en contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso y otros exconsejeros madrileños por delitos de homicidio imprudente, omisión del deber del socorro y delito de prevaricación.

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Madrid