MADRID, 15 de noviembre.

El gobierno regional ha decidido que las residencias para personas mayores contarán con un plazo de dos años para adaptar sus ratios de personal a los nuevos estándares establecidos en el modelo que comienza a implementarse mañana. Esta iniciativa se formalizará cuando se publique la orden de acreditación, que busca elevar los requisitos de calidad en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM).

La consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila, hizo este anuncio durante un desayuno informativo organizado por Executive Forum España, donde también tuvo un gesto hacia los afectados por la DANA en la Comunidad Valenciana, recordando la importancia de mantener la solidaridad en momentos difíciles.

La nueva normativa afectará tanto a los centros que buscan la acreditación por primera vez como a aquellos que ya están acreditados, quienes deberán llevar a cabo el proceso de renovación y adecuación en el plazo mencionado de dos años, según afirmó Dávila.

Entre los requisitos que se demandarán, se incluye un mínimo de 0,45 trabajadores de atención directa en residencias para mayores de más de 50 plazas por cada persona dependiente, y de 0,37 en residencias con menos de 50 plazas. Además, se establece que para cada persona con discapacidad se requerirá un mínimo de 0,50 trabajadores.

Respecto a los centros de atención diurna, se ha determinado que no podrán sobrepasar las 50 plazas. Para las residencias de mayores, se establece una ratio mínima de personal del 0,23; para los centros dedicados a personas con discapacidad, de 0,25; y para los ocupacionales, se fijará en 0,13.

Según informes de la Consejería de Familia, los centros públicos ya cumplen con estos nuevos requisitos, lo que señala que la medida se enfoca principalmente hacia las residencias concertadas y privadas, lo que ha generado un debate sobre la equidad en el ámbito del cuidado de los mayores.

Este nuevo modelo de residencias en la Comunidad de Madrid se separa manifiestamente de las directrices propuestas por el Ministerio de Derechos Sociales, que estaba bajo la dirección de la exministra Ione Belarra (Unidas Podemos). En este contexto, la consejera madrileña presentó su propia propuesta a finales de octubre, sugiriendo ciertos cambios significativos.

En este sentido, en la región, el número máximo de personas por unidad de convivencia será de 25, en contraste con las 15 establecidas por el Ministerio; los nuevos centros no podrán exceder las 150 plazas, en lugar de las 120 sugeridas por el gobierno central; y se requiere que el 50% de las habitaciones sean individuales, frente al 65% que proponía el Ministerio.

A inicios de octubre, la consejera Dávila también anunció la construcción de 40 nuevas residencias, junto con otros tantos centros de día para personas mayores y dependientes, hasta el año 2030. La meta es conseguir un total de 2.460 plazas y más de 800 de atención diurna para la red pública, lo que implicará una inversión de 500 millones de euros y la creación de 15.000 puestos de trabajo, fortaleciendo así el sector del cuidado a mayores en la región.