En Madrid, a 15 de noviembre, se han producido importantes movimientos en el ámbito político en torno al Proyecto de Presupuestos para 2025. El PSOE de Madrid ha tomado la decisión de presentar una enmienda a la totalidad a lo que han calificado como un proyecto de "cartón-piedra" que responde al enfoque del Partido Popular en la Comunidad. Según su portavoz, Juan Lobato, este modelo de gestión no ha estado a la altura de las expectativas.

Durante una rueda de prensa en la sede del partido en la Asamblea de Vallecas, Lobato expuso su crítica a los datos presentados en el presupuesto. Aseguró que aunque las cifras pueden parecer atractivas en papel, su ejecución es prácticamente inexistente. Aseguró que, para él, estos presupuestos parecen una mera prórroga de los de 2019, a pesar de los acontecimientos significativos que han afectado a Madrid en este transcurso. Los compromisos en áreas como la sanidad y la educación, según su veredicto, son vacíos y no han evolucionado como deberían.

El portavoz socialista también hizo referencia a un informe reciente de BBVA Research, que indica una disminución en el aporte de la Industria al PIB de Madrid, que ha caído por debajo del 10%, un dato alarmante cuando se considera que el 20% debería ser la meta para alinearse con las regiones europeas. Esto puso de manifiesto la percepción del PSOE de que la región permanece "estancada en 2019" y no avanza hacia un futuro ambicioso como el que propone el horizonte de 2030.

Reiteró la necesidad de que estas cuentas sean reformuladas para que realmente reflejen las necesidades de la Comunidad de Madrid. Los partidos tienen hasta el 19 de noviembre para presentar enmiendas a la totalidad, mientras que las enmiendas parciales podrán ser registradas hasta el 3 de diciembre. Este proceso es crucial para que se tomen en cuenta las preocupaciones planteadas por distintas formaciones políticas.

El pasado 30 de octubre, Rocío Albert, consejera de Economía, Hacienda y Empleo, presentó el Proyecto de Presupuestos para 2025, que asciende a 28.662 millones de euros, lo que supone un incremento del 4% respecto al ejercicio actual. Sin embargo, esto no ha sido suficiente para calmar las críticas de los socialistas, que ya han anunciado su intención de presentar enmiendas parciales enfocadas en lo que consideran "puntos débiles" de estas cuentas en áreas críticas como sanidad, educación y vivienda.

Además, Lobato criticó vehemente la política tributaria del Gobierno regional, que destaca por ofrecer "regalos fiscales" en beneficio de un reducido porcentaje de la población. Denunció que un 1% de las personas con mayores recursos se beneficia desproporcionadamente de ciertos alivios fiscales, afirmando que se han destinado 1.200 millones anuales a esta pequeña élite, una decisión cuestionable desde su perspectiva.

Dentro de las críticas también se encuentran las políticas activas de empleo, donde el PSOE ha señalado que el año anterior se dejó de ejecutar la mitad del presupuesto destinado a este fin en la Comunidad de Madrid. En relación a las nuevas cuentas, han indicado que existen "prioridades" en servicios públicos que están viendo un crecimiento inferior al total del presupuesto. Alarmantemente, han subrayado que el Proyecto de Presupuestos presenta 600 millones de euros menos que lo gastado en el año actual, lo que convierte al documento inicial en un plan que ya "nace con déficit" financiero.

Asimismo, enfatizaron que importantes sumas de dinero permanecen sin gastar en áreas críticas, como 441 millones en políticas de empleo y 331 millones en vivienda, con una ejecución aproximada del 30%. Para añadir a su análisis, Lobato mencionó que dos consejerías verían recortados sus fondos: la de Economía, Hacienda y Empleo, así como la de Cultura.

Por último, señalaron con preocupación que dentro de las partidas del presupuesto se encuentra una asignación de 1,7 millones de euros destinada a la Fundación Toro de Lidia, que contrasta drásticamente con la ayuda de 500.000 euros destinada a los comercios de San Fernando de Henares afectados por la Línea 7B del Metro. También criticaron las deducciones para la compra de viviendas, que en conjunto sumarían alrededor de 1,5 millones de euros, una diferencia que pone de relieve las prioridades cuestionables del gobierno regional en el manejo de recursos públicos.