El secretario general del PSOE-M, Juan Lobato, ha exigido a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que se reinstaure el Impuesto de Patrimonio en la región para 2024. Lobato también ha pedido que lo que se recaude a través del impuesto de "solidaridad" estatal aplicado a las grandes fortunas quede en Madrid.

Estas demandas fueron expresadas por Lobato durante una rueda de prensa después de la Junta de Portavoces. Además de expresarlo verbalmente, también han registrado una iniciativa para llevar este asunto al Pleno de la Asamblea.

"Queremos que se apruebe para 2024 y que esos 555 millones de euros, en lugar de ir al Gobierno, vayan a la Comunidad de Madrid para financiar la Educación y la Sanidad", enfatizó el líder socialista. Él recordó que el Impuesto de Solidaridad, que el PP califica como "Patrimonio bis", hace que aquellos con más de 3 millones de euros tengan que pagar obligatoriamente.

Al ser preguntado sobre si da por sentado que esta semana el Tribunal Constitucional rechazará el recurso presentado por la Comunidad de Madrid y otras autonomías gobernadas por el PP contra este impuesto, Lobato respondió que, en caso de que sea admitido, retiraría su propuesta, ya que no tendría sentido.

En relación a esto, Lobato argumentó que su propuesta se basa en adoptar un impuesto similar en la región, con los mismos criterios, para garantizar que el dinero se quede en Madrid.

Según Lobato, la presidenta autonómica tiene que decidir si "cobra eso para Madrid o no" y si la autonomía "necesita esos 550 millones de euros" que los contribuyentes "van a pagar de todas formas".

Durante el pleno del Tribunal Constitucional de esta semana, los magistrados estudiarán un borrador de sentencia elaborado por la magistrada progresista María Luisa Balaguer, que propone rechazar el recurso presentado por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid contra el impuesto a las grandes fortunas.

Fuentes del Tribunal Constitucional señalan que Balaguer sostiene que la creación de este impuesto no constituye una intromisión por parte del Estado en las competencias fiscales autonómicas. De hecho, destaca que las facultades autonómicas no pueden interpretarse de manera que anulen las facultades estatales.

Madrid alega en su impugnación que el nuevo impuesto podría violar, entre otros, los principios de seguridad jurídica, capacidad económica y no confiscatoriedad, así como la autonomía política y financiera de las comunidades autónomas.

Además de Madrid, los gobiernos de Andalucía, Galicia y Murcia también han impugnado este nuevo impuesto. Tanto el Gobierno madrileño como la Junta solicitaron que se suspendiera cautelarmente la aplicación del impuesto, pero el Tribunal Constitucional lo denegó.