En Madrid, el 2 de octubre, se ha retomado el juicio de Raúl M. O., quien es acusado de asesinar a Cristina Romero en Parla con una brutalidad que dejó a la comunidad con la boca abierta: 42 navajazos. En la jornada judicial, el padre del acusado subrayó las características “agresivas” y “autoritarias” de su hijo, especialmente tras la ruptura con su pareja, subrayando los intentos familiares de calmarlo al enterarse de los mensajes ofensivos que la víctima había publicado en redes sociales.

Este juicio, que ya ha alcanzado su cuarta sesión, ha contado con el testimonio de los agentes de la Policía Nacional que participaron en la detención de Raúl, así como la intervención de su padre. Se espera que mañana se presenten las evaluaciones psicológicas y se cierren los informes que determinarán el rumbo del caso.

El padre de Raúl, en su testimonio, describió a su hijo como un “niño ejemplar” durante su infancia, descartando cualquier problema mental en su desarrollo. Sin embargo, la situación tomó un giro tras la ruptura, cuando comenzaron a notar la alteración en el comportamiento de Raúl debido a los mensajes que Cristina había empezado a compartir en sus redes sociales.

“Raúl le mostró los mensajes a su madre. Intentamos calmarlo y hacerlo entender que debía manejar la situación de otra forma. Lo vi muy deprimido”, relató su padre, mostrando preocupación por el estado emocional de su hijo.

La psicóloga del acusado dio a conocer que a Raúl se le diagnosticó un Trastorno Adaptativo Mixto, lo que explica sus problemas para interactuar socialmente y relacionarse con su entorno.

Los agentes, por su parte, informaron que el acusado se opuso a su arresto, levantando la navaja de manera amenazante e incluso autolesionándose en un intento de resistir a la detención.

Los testimonios de testigos también coincidieron al señalar el ensañamiento con el que actuó Raúl, incidiendo en la gravedad de la situación y reforzando las acusaciones de la fiscalía, que sostiene que la múltiple agresión a Cristina es un agravante del delito.

El futuro del procesado pende de un hilo, ya que enfrenta una petición de pena de 25 años y nueve meses por asesinato y maltrato en el ámbito familiar. Sin embargo, la familia de la víctima solicita una condena más severa de 33 años, mientras que la defensa argumenta en favor de un homicidio, pidiendo solo 14 años de prisión al refutar que el acto estuviera premeditado.