MADRID, 11 de diciembre.

Este jueves, la Asamblea de Madrid ha dado un paso significativo al aprobar la nueva Ley de Hacienda regional, gracias al apoyo del Partido Popular (PP) y al rechazo de los partidos de la oposición, que incluye a Más Madrid, PSOE y Vox. Esta ley tiene como objetivo mejorar la gestión del sector público en la comunidad.

El PP ha resaltado en el debate que esta nueva normativa deroga la Ley 9/1990, vigente durante 35 años, así como la Ley 1/1989 que regulaba el Control Parlamentario de la Administración Institucional en Madrid. Este cambio busca adaptarse a las necesidades actuales y mejorar la administración pública.

Carlos González, representante del PP, argumentó que esta ley no solo reforzará la posición de Madrid como líder en gestión en España, sino que también permitirá que la administración local sea más moderna y adaptable. “Es una ley necesaria que busca servir al interés general y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos”, afirmó González.

Desde Vox, la diputada Ana Cuartero se opuso a la ley, advirtiendo que cualquier desarrollo que favorezca el federalismo será rechazado por su grupo. Cuestionó las similitudes que podría tener este proyecto con las políticas adoptadas en Cataluña y el País Vasco, criticando al PP por no haber revertido los avances del nacionalismo y del socialismo durante las últimas décadas.

La intervención del socialista Daniel Rubio resaltó las preocupaciones de su partido, quien argumentó que la nueva normativa cambia por completo la estructura institucional de la economía en Madrid. Consideró que ha sido elaborada de manera apresurada y que constituye una amenaza para la verdadera democracia al debilitar la Cámara de Cuentas y el poder de control de la Asamblea.

Raquel Huerta, de Más Madrid, definió la ley como un intento del PP de evitar la supervisión pública, afirmando que esta normativa es un mecanismo para operar sin el control necesario. Reprochó a los populares sus verdaderas intenciones sostenidas en la modificación legislativa.

En el momento de su aprobación en el Consejo de Gobierno, la administración regional subrayó que la ley busca modernizar y organizar el sector público, incluyendo aspectos como el sistema contable y la planificación presupuestaria, además de promover una mayor transparencia con la Asamblea.

La ley también se enfoca en definir claramente la naturaleza de las sociedades mercantiles de la administración autónoma, excluyendo específicamente a las universidades públicas para respetar su autonomía. Esto ha sido un punto de controversia entre los grupos políticos.

Además, la nueva legislación introduce novedad sobre la programación presupuestaria a medio plazo y establece un régimen específico para la función interventora en materia de personal, simplificando algunas de las exigencias de las leyes anuales de presupuestos.

El Gobierno argumentó que, durante las tres décadas anteriores a esta actualización, han surgido nuevas figuras legales y estructuras que requerían una modificación para evitar duplicaciones y adaptarse a normativas más modernas.

Por último, la nueva ley impone un régimen más claro sobre las operaciones económicas del sector público y establece diferenciaciones en la gestión financiera entre las distintas entidades, mejorando así la organización y eficiencia de los recursos públicos. Asimismo, se han derogado todas las disposiciones que se opongan a la nueva normativa, en un esfuerzo por limpiar la legislación de elementos obsoletos y garantizar su eficacia.