Más Madrid y PSOE impugnan el cierre del caso de Ana Millán al considerarlo "prematuro" por falta de pruebas clave.

En un giro inesperado en el ámbito político madrileño, Más Madrid y el PSOE han decidido apelar a la Audiencia Provincial de Madrid la reciente decisión que archivó el caso de la exalcaldesa de Arroyomolinos y actual vicesecretaria de Organización del PP de Madrid, Ana Millán. Este expediente se relaciona con supuestas irregularidades en la adjudicación de contratos públicos durante su tiempo en la concejalía.

El auto de archivo fue dictado tras la evaluación de la juez instructora, quien determinó que no había suficientes pruebas que sustentaran las acusaciones formuladas contra Millán y el empresario Francisco Roselló. La investigación se originó a raíz de denuncias sobre supuestas irregularidades en contratos municipales, los cuales, según se ha reportado, incluían pagos relacionados con la vivienda de Millán y contratos vinculados a sus familiares, tal como señala la Guardia Civil.

En su apelación, a la que Europa Press ha podido acceder, Más Madrid insta a que se revoque el archivo y se reinicie el procedimiento como un caso abreviado. Argumentan que existen indicios suficientes para explorar posibles delitos como prevaricación, fraude en la contratación y cohecho, considerando que la decisión de archivo fue "un sobreseimiento prematuro", ya que aún quedaban diligencias de instrucción por realizar.

Los apelantes sugieren que podría haber una trama entre Millán y Roselló que habría conducido a la adjudicación de contratos públicos que superan los 500.000 euros a empresas asociadas con el empresario. Estas transacciones habrían sucedido entre 2005 y 2011 a través de diversas concejalías, donde se alega que Millán ejerció una "influencia decisiva" en el proceso de contratación.

Por otro lado, el PSOE critica la resolución alegando que no se apega a la ley y atenta contra el derecho a la tutela judicial efectiva de la acusación popular. En su recurso, el partido sostiene que el archivo se basa en una decisión de la Audiencia Provincial que anulaba una prórroga de la instrucción, pero que no implicaba automáticamente el cierre del caso, sino que simplemente corregía un defecto de motivación.

El PSOE argumenta que el tribunal debería haber habilitado una nueva prórroga con fundamentos adecuados o, al menos, haber llevado a cabo las diligencias pendientes antes de archivar la causa. Denuncian que el juzgado desestimó la práctica de pruebas previamente acordadas, como las declaraciones de testigos relevantes, que estaban consideradas "útiles y pertinentes" e incluso apoyadas por instancias superiores.

Esta postura, consideran en el PSOE, resulta "incoherente", dado que se han cancelado acciones probatorias que apuntan a esclarecer hechos sobre los cuales existían indicios claros de irregularidades.