En Madrid, el partido Más Madrid ha presentado una ambiciosa propuesta que busca combatir la escalada de precios en el mercado de la vivienda. Su iniciativa, un Fondo Público Antiespeculación, pretende erradicar la especulación inmobiliaria en favor de la protección del derecho a la vivienda.

Durante un reciente encuentro con la prensa, el grupo político expuso su visión en el contexto de los próximos Presupuestos de la Comunidad de Madrid para 2026 y criticó la gestión del actual gobierno del Partido Popular, que lleva más de tres décadas en el poder.

La propuesta surge en un momento crítico, ya que los precios de las viviendas han experimentado un aumento del 14% en el último año, alcanzando un promedio de 1.520 euros al mes en la capital. En otras localidades como Getafe, Móstoles y Leganés, el costo se aproxima a los 1.200 euros, una situación que se atribuye a las políticas de alquiler del gobierno regional.

El Fondo Público Antiespeculación, según Más Madrid, permitiría a la comunidad adquirir preferentemente viviendas en áreas con alta presión de precios. Esta medida se implementaría sin necesidad de trámites previos, con la intención de retirar las propiedades del mercado especulativo y destinarlas al alquiler social o la venta protegida.

Los impulsores del fondo han propuesto que su financiamiento provenga de ajustes en los presupuestos y de un incremento en la recaudación fiscal, especialmente en lo relativo al Impuesto sobre el Patrimonio y Sucesiones. Así, calculan que con una inversión inicial de 786 millones de euros, se podrían adquirir alrededor de 2.050 viviendas anualmente, creando un total de 8.200 unidades de vivienda pública en un ciclo de cuatro años.

Manuela Bergerot, portavoz de Más Madrid en la Asamblea, ha subrayado la existencia de una emergencia habitacional en la región y ha señalado que la presidenta Isabel Díaz Ayuso favorece a los grandes capitales y fondos de inversión. En sus palabras, la creación de este fondo representa un mecanismo crucial para contener el aumento de los alquileres y reafirmar que la vivienda debe ser considerada un derecho fundamental. Según Bergerot, este fondo evitaría que propiedades situadas en áreas de alta demanda caigan en manos de entidades como Blackstone.