Más Madrid exige auditoría sobre el coste del Gran Premio de F1 en Madrid

La formación política Más Madrid ha solicitado formalmente una auditoría pública para analizar los gastos y beneficios asociados al Gran Premio de España de Fórmula 1, que se celebrará en Madrid. La iniciativa surge tras conocerse que el evento implicará una inversión de aproximadamente 300 millones de euros, la mayor parte de los cuales serán aportados por instituciones públicas, concretamente por Ifema Madrid, cuyo capital mayoritario es público.

Este evento deportivo, inicialmente anunciado como coste cero para las arcas públicas, ha generado dudas sobre su verdadera repercusión económica y sobre la opacidad en los contratos firmados. La formación de izquierdas teme que existan beneficios para allegados al entorno de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, y que la gestión de estos recursos pueda seguir el ejemplo de otros grandes eventos, como el Gran Premio de Valencia, que dejó a la comunidad valenciana con una deuda millonaria tras su cierre.

La oposición ha destacado que la falta de transparencia en la gestión del evento podría derivar en un gasto público elevado, sin garantías de retorno económico. La auditoría solicitada busca esclarecer si existen beneficios directos para la administración madrileña y si las decisiones tomadas responden a criterios de interés público o a intereses particulares.

Desde el Ejecutivo regional, por su parte, se mantiene la postura de que el evento generará un impacto positivo en la economía local, atrayendo turismo y visibilidad internacional. Sin embargo, las declaraciones de Más Madrid reflejan un creciente escepticismo político sobre la gestión de recursos públicos en eventos de gran escala, en medio de un contexto de incertidumbre económica y demandas de mayor transparencia.

En el escenario político actual, la polémica sobre el Gran Premio forma parte de una estrategia de oposición que busca consolidar una narrativa de fiscalización y control del gasto público en Madrid. La situación evidencia la tensión entre el Gobierno autonómico y las fuerzas de la oposición, que piden mayor rigor en la gestión de recursos y una evaluación clara de los beneficios reales de estas inversiones a largo plazo.

De cara al futuro, la auditoría solicitada podría marcar un precedente en la fiscalización del gasto en eventos deportivos de gran escala en la comunidad. La transparencia en la gestión y los resultados de esta revisión serán clave para evaluar la credibilidad del proyecto y la confianza de la ciudadanía en las decisiones del Ejecutivo regional.