Más Madrid denuncia la insuficiencia del plazo para alegar sobre Mad Cool 2026
Más Madrid denuncia la falta de participación en la licencia de Mad Cool 2026, que se decide con solo cinco días para alegar ante un impacto importante.
El Ayuntamiento de Madrid ha abierto un periodo de cinco días hábiles para presentar alegaciones sobre la licencia del festival Mad Cool 2026. La formación de Más Madrid critica esta brevedad y exige ampliar el plazo para garantizar una participación efectiva.
La organización considera que este plazo es insuficiente para analizar un expediente de gran impacto, que afecta a decenas de miles de residentes en zonas cercanas. Además, señalan deficiencias en los planes de movilidad y control acústico, que no contemplan adecuadamente la congestión vial ni el ruido excesivo, aspectos que preocupan a los vecinos.
Este episodio refleja la tensión política en torno a la celebración del evento, que genera beneficios económicos para algunos, pero también plantea conflictos sociales y ambientales. La oposición ha aprovechado para cuestionar la gestión del gobierno local, liderado por el alcalde Almeida, en la autorización de actividades de gran impacto en barrios residenciales.
Las alegaciones presentadas por Más Madrid advierten sobre la falta de planificación realista y la posible vulneración de normativas medioambientales y de convivencia ciudadana. La postura del partido apunta a que la concesión de la licencia sin un análisis exhaustivo puede generar un precedente negativo para la gestión urbanística y participativa en la ciudad.
En un contexto donde la movilidad y la protección del descanso vecinal están en el centro del debate, la decisión del Ayuntamiento será un indicador clave de su compromiso con la participación ciudadana y la sostenibilidad. La próxima resolución podría marcar el rumbo de futuros eventos similares en Madrid, en un escenario de creciente presión social y política.
El futuro cercano dependerá de la voluntad del consistorio de revisar sus procesos y garantizar una participación real. La controversia refleja la necesidad de un equilibrio entre los intereses económicos y la protección del entorno residencial en la planificación urbana de Madrid.