En un reciente desarrollo en el ámbito de la vivienda social, la vicealcaldesa de Madrid y la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS) han asegurado que no se dejará a nadie en la calle tras la finalización de un convenio que provee alojamiento a familias vulnerables. Este comentario se produce en medio de fuertes críticas de la oposición y organizaciones sociales que advierten sobre el impacto negativo de la decisión en la vida de hasta 260 familias que podrían enfrentarse a desahucios a partir del 1 de enero.

Representantes de Más Madrid y diversas entidades sociales han elevado su alarma, señalando la prematura terminación del Programa de Alojamiento Alternativo y Temporal, establecido desde 2012. En una conferencia de prensa, el portavoz de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza en España, Nacho Sangüesa, enfatizó que el primer burofax enviado a las familias afectadas indica que se quedarían sin hogar a finales de diciembre de 2024.

Rita Maestre, líder de la oposición en el Ayuntamiento, apuntó que tanto ella como las entidades sociales habían anticipado que el Gobierno dirigido por José Luis Martínez-Almeida tenía la intención de dejar de lado este convenio de inclusión, el cual fue prorrogado por última vez en 2018. Este acuerdo involucra a catorce organizaciones, como Cáritas y Provivienda, enfocándose en proporcionar recursos habitacionales temporales a aquellas familias que necesitan estabilizar su situación para lograr independencia.

Maestre defendió la historia de éxito del convenio, subrayando su efectividad comprobada a través de los años y el respaldo de diferentes administraciones. Sin embargo, criticó a Almeida por su decisión unilateral de finalizar el acuerdo sin el necesario diálogo o consideración hacia las personas que habitan estas viviendas, así como a las entidades que han trabajado arduamente con esas comunidades vulnerables.

Durante la rueda de prensa, se destacó que EMVS Madrid ya ha comenzado a notificar desahucios, afectando a 260 familias en 167 propiedades. Maestre describió la diversidad de los afectados, que incluyen jóvenes, personas mayores LGTBI, individuos con discapacidad y familias con niños, para quienes la vulnerabilidad social en Madrid es un problema que no muestra signos de mejora.

De hecho, la situación es más preocupante que cuando se lanzó el programa, dado que más de 30.000 personas se encuentran en lista de espera para acceder a las viviendas de EMVS, mientras que alquilar un apartamento en Madrid se ha vuelto prohibitivamente caro, con precios que superan los 800 euros mensuales.

La jefa de la oposición cuestionó los planes de Almeida y exigió que se busque una solución para no dejar a 260 familias a la intemperie. A su juicio, es inaceptable que se continúe marginando a las entidades que han invertido esfuerzos y recursos en rehabilitar viviendas que habían estado desatendidas por la EMVS.

Como respuesta al creciente descontento, Más Madrid y el PSOE han solicitado la convocatoria de un consejo extraordinario para abordar esta crítica situación, cuya reunión se llevará a cabo el 18 de diciembre. Insisten en la necesidad de que el delegado de área social, José Fernández, participe activamente en estas discusiones, ya que la inclusión a través de la vivienda debe ser una de sus principales responsabilidades.

Maestre ha hecho un llamado al Gobierno municipal para que tome medidas inmediatas y elabore un plan alternativo a los desahucios que se avecinan, responsabilizándose de no dejar a menores vulnerables desamparados. Sangüesa, en representación de las entidades sociales, también se opone a la extinción de un programa que califica de exitoso y sugiere que debería ser reforzado y apoyado por todas las instituciones públicas.

El portavoz ha compartido testimonios de familias ayudadas por el programa, subrayando cómo han logrado reconstruir sus vidas y acceder al mercado de vivienda libre en Madrid. Sin embargo, la realidad actual es muy diferente, con un mercado de vivienda que se encuentra en una espiral negativa que dificulta el acceso a recursos habitacionales para familias en situaciones normales.

Las organizaciones han instado a la Administración a colaborar en encontrar soluciones individuales para cada familia afectada. Sangüesa ha denunciado que aunque el Ayuntamiento ha contactado a algunas de las catorce entidades, lo han hecho solo para ofrecer soluciones temporales, lo que no resuelve el problema real al que se enfrentan estas familias.

Frente a los rumores de que el estancamiento de las familias en el programa es un problema menor, el portavoz ha afirmado que esto se debe a una falta de seguimiento adecuado por parte de las autoridades. Desde EMVS Madrid, han reiterado su postura de que "nadie se va a quedar en la calle", pero estas afirmaciones han sido recibidas con escepticismo por parte de quienes consideran que el fin del convenio podría tener consecuencias devastadoras para muchos.

Inma Sanz, la vicealcaldesa y portavoz del Gobierno municipal, también ha comentado que el programa estaba fallando en algunos puntos y ha defendido la búsqueda de soluciones individualizadas para los afectados. Sanz ha asegurado que se están planteando nuevos acuerdos con otras entidades y ha enfatizado la necesidad de comprender la realidad de cada situación particular mientras se establece contactó directo con las familias para encontrar soluciones.

La vicealcaldesa ha expuesto que hay dos rutas a considerar: una que implica soluciones específicas para situaciones en las que una entidad ya no forma parte del programa, y otra que busca extender los convenios existentes con las entidades que todavía estén activas, asegurando la colaboración de la EMVS siempre que sea necesario.