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Sanidad 8 de Septiembre de 2026 · 12:41h 3 min de lectura

Más de 56.000 mayores en Madrid no cubren necesidades básicas ni tienen vivienda adecuada

En la Comunidad de Madrid, más de 56.000 personas mayores, el 4,2% de la población de más de 65 años, enfrentan graves dificultades para cubrir necesidades básicas y mantener su vivienda en condiciones aceptables. La situación se agrava con el incremento del 12,3% en quienes no pueden mantener su hogar a una temperatura adecuada, reflejando un deterioro en las condiciones de vida de este colectivo.

Este dato proviene del Observatorio Social de las Personas Mayores, elaborado con información de marzo de 2023, y revela una realidad que contrasta con los avances en otros ámbitos sociales y políticos. La desigualdad de género se manifiesta claramente, ya que casi el 5% de las mujeres mayores carece de recursos adecuados, frente al 3,3% de los hombres. La estructura poblacional también refleja una feminización, con el 58,2% de los mayores siendo mujeres y una presencia significativa en los grupos de mayor edad.

Las implicaciones de estos datos evidencian una vulnerabilidad creciente en el sistema de asistencia social y sanitario. La elevada proporción de personas en riesgo de pobreza, especialmente mujeres, señala una necesidad urgente de revisar las políticas públicas en materia de dependencia, vivienda y atención sanitaria, que en Madrid permanecen marcadamente fragmentadas y en manos de la iniciativa privada en muchas ocasiones.

Desde el marco político, la inversión en sanidad en Madrid representa solo el 4,1% del PIB regional, la más baja en comparación con otras comunidades, y esto afecta directamente a la calidad del sistema sanitario. La lista de espera para reconocimiento de dependencia alcanza las 14.927 personas, un porcentaje que el sindicato CCOO considera excesivamente alto y que requiere una acción decidida para revertir la tendencia y reforzar los recursos públicos.

En el ámbito vivienda, la insuficiencia de plazas residenciales públicas y la predominancia del sector privado reflejan una apuesta que prioriza los beneficios económicos en lugar de la calidad de vida. La estrategia regional 40/40, basada en la colaboración público-privada, ha sido criticada por su impacto en la sostenibilidad y el acceso a recursos básicos para la población mayor, en un contexto de creciente fragilidad social y económica.

El panorama futuro dependerá de la voluntad política para incrementar la inversión pública, fortalecer los sistemas de protección social y garantizar una atención integral y pública para los mayores, en línea con los desafíos demográficos y sociales que enfrenta la región.

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