• viernes 09 de diciembre del 2022
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Madrid reitera que la "inconstitucionalidad" del decreto energético y en que el acuerdo con UE "no es obligación"

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   Considera inconstitucionales diez de los puntos del plan de ahorro energético

MADRID, 9 Ago.

   La Comunidad de Madrid ha insistido este miércoles en la "inconstitucionalidad" del decreto energético del Gobierno central trasladando a los cronistas un decálogo de puntos en el que sustentarían su recurso y que recopila, entre otros muchos, que el acuerdo con la Unión Europea para liquidar un 7% el consumo de gas en España "no es obligación".

   Comprenden, primero, que el propósito del Real Decreto Ley ocupa competencias autonómicas por el hecho de que degenera el "carácter básico" del mismo por el propósito "no es asegurar el suministro de gas" con lo que "no se tienen la posibilidad de entablar mínimos ni máximos en aire acondicionado y calefacción".

   Cuestiona, además de esto, el "carácter básico" pues el acuerdo "no es obligación". España acordaba la rebaja facultativa del consumo al 7% el 26 de julio en oposición al 15% inicial acordado en el seno del club comunitario.

   La Comunidad arguye, además de esto, que el cierre de las puertas de los locales a fin de que el efecto del aire acondicionado y la calefacción no salga de los locales infringe la normativa del Covid-19.

   Sobre la instalación de cartelería para reportar de las medidas de ahorro energético "no ayuda de manera directa" al mismo y también "ocupa competencias autonómicas sin justificación".

   "La extensión de las prohibiciones a energías renovables o de autoconsumo sobrepasa la precisa proporcionalidad del RDL. Si lo que se quiere es ahorro de gas, ¿por qué razón se prohíbe esta clase de iluminación fundamentada en otras fuentes de energía?", cuestionan en su decálogo.

   Para el Ejecutivo dirigido por Isabel Díaz Ayuso asimismo se colisiona con la Ley de Libertad de Horarios Comerciales regional al tener que apagarse los escaparates a las 22 horas, al tiempo que el de las edificaciones públicos lo haría "con la rivalidad del precaución y empleo" de exactamente los mismos y con el avance turístico.

   Asimismo cargan contra el adelanto puntual de la próxima inspección de eficacia energética en instalaciones, pues piensan que podría sobrepasar las bases estatales, "toda vez que la periodicidad de estas inspecciones no posee carácter básico".

   Además de esto, han subrayado la diferencia de duración entre las previstas por la normativa europea, que afirman que es de un año, con la del real decreto, que alcanzaría octubre de 2023. Por último, alertan de que la "imperfecta" configuración del régimen sancionador "puede conducir aparejada vicios de legalidad o constitucionalidad".

   Para el asesor de Presidencia, Justicia y también Interior, Enrique López, el decreto supone "ocurrencia, improvisación, desproporción, imposición y posible inconstitucionalidad". "El decreto solo ahorra diálogo y derrocha inconvenientes", ha movido en sus comunidades.

El Gobierno sigue en la excepcionalidad como contestación en frente de cualquier inconveniente, igual que logró en la pandemia: ocurrencia, improvisación, desproporción, imposición y posible inconstitucionalidad.

El decreto de Sánchez solo ahorra diálogo y derrocha inconvenientes. pic.twitter.com/i15XISFXTT

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