Madrid recurre al TS contra el decreto que obliga al reparto forzoso de menores no acompañados

La Comunidad de Madrid ha presentado un recurso ante el Tribunal Supremo contra el Real Decreto 556/2026, que amplía la obligación de trasladar menores extranjeros no acompañados entre comunidades. La medida, adoptada por el Gobierno central en junio, establece un cupo para cada región y mantiene el reparto obligatorio iniciado en 2025.

Este decreto ha generado una serie de controversias jurídicas. Madrid considera que invade sus competencias en protección de menores y asistencia social, además de cuestionar la constitucionalidad del mecanismo. La Abogacía General regional ha interpuesto varias acciones judiciales contra decisiones similares del Ejecutivo central, además de solicitar la suspensión de traslados concretos que aún no se han realizado.

El contexto político refleja la tensión entre las comunidades autónomas y el Gobierno central en materia migratoria. La región ha recurrido también ante el Tribunal Constitucional el Real Decreto-ley 2/2025, que sirvió de base para los repartos obligatorios, alegando que vulnera competencias autonómicas. La postura madrileña representa una resistencia a la centralización en la gestión de menores migrantes.

Estas acciones judiciales se inscriben en un escenario de desacuerdo político y legal. La Comunidad de Madrid busca limitar el impacto de las decisiones del Ejecutivo en materia de protección infantil y migratoria. La cuestión de fondo es quién tiene la competencia para gestionar la acogida y protección de menores no acompañados.

El futuro de estas impugnaciones puede marcar un punto de inflexión en la política migratoria y de protección social en España. La resolución del Tribunal Supremo o Constitucional podría definir límites y competencias en un ámbito sensible y polémico, en medio de un contexto de creciente migración y debate político sobre la gestión de recursos y responsabilidades.

Por ahora, la situación evidencia la polarización política en torno a las políticas migratorias y la protección de menores en Madrid y otras comunidades, con un escenario que podría prolongarse en los tribunales y en la política institucional.