Madrid reclama la repatriación de 110 menores no acompañados para su protección

La Comunidad de Madrid ha solicitado a la Delegación del Gobierno la activación urgente de la repatriación de 110 menores no acompañados, con sus familias, considerando que es lo más conveniente para su interés superior. La consejera de Familia, Ana Dávila, presentará un informe al Consejo de Gobierno este miércoles sobre estas solicitudes y la situación actual de los expedientes.

Este requerimiento surge en un contexto de creciente preocupación por la inacción del Estado central en la gestión de estos casos. La Comunidad denuncia que, a pesar de tener claros los procedimientos legales, no se ha iniciado ningún trámite de repatriación, y que algunos de estos menores ya han alcanzado la mayoría de edad sin haber sido atendidos.

La situación refleja también la problemática de las mafias que manipulan a adultos haciéndose pasar por menores, situación que la administración autonómica ha denunciado reiteradamente. La Consejería ha presentado además 16 denuncias por estafas relacionadas con estos casos, que afectan a recursos públicos destinados a protección infantil.

Desde 2025, Madrid ha detectado casos en los que adultos se hacían pasar por menores, una práctica habitual de organizaciones ilícitas que aprovechan la falta de reformas en el sistema central. La consejera Dávila ha señalado que estas conductas pueden constituir delitos de estafa, y que la comunidad actuará en consecuencia, incluso con acciones judiciales si persiste la inacción.

Este conflicto refleja la tensión entre la gestión autonómica y las competencias del Estado en materia de inmigración y protección infantil. La postura de Madrid evidencia la necesidad de una mayor colaboración y reformas en los procedimientos de repatriación y control de menores migrantes, para garantizar su protección y cumplir con la legislación vigente.

El futuro de estas gestiones dependerá de la voluntad del Gobierno central de adoptar medidas efectivas y de la capacidad de las comunidades autónomas para coordinar acciones que protejan a los menores en su interés superior. La situación pone sobre la mesa el debate sobre la normativa y las reformas necesarias en un sistema que requiere mayor agilidad y transparencia.