La capital española, Madrid, se prepara para el año 2026 con la introducción de una nueva ordenanza que regulará las terrazas y quioscos pertenecientes al sector de la hostelería y la restauración. Esto sucede tras la anulación de la normativa anterior de 2022, la cual, a pesar de no estar vigente, presentaba características muy parecidas a la que se propone ahora, con ajustes menores.

Este miércoles, el Ayuntamiento dará un importante paso en el proceso de aprobación de esta nueva legislación que abarcará más de 6,000 terrazas y más de 50 quioscos. Se espera que entre en vigor el 1 de enero de 2026. La vicealcaldesa, Inma Sanz, ha señalado que esta ordenanza busca equilibrar dos intereses cruciales en la vida de la ciudad: la tranquilidad de los vecinos y el apoyo a un sector tan emblemático como lo es la hostelería.

La base de esta nueva regulación se deriva de la ordenanza establecida en 2013, la cual ha estado en vigor hasta la reciente controversia. Esta modificación incorpora además sugerencias recogidas durante una consulta pública realizada en 2024, así como las recomendaciones de la Comisión de Terrazas, mostrando así la disposición del Ayuntamiento a escuchar la voz de la ciudadanía.

Desde el Gobierno municipal se ha enfatizado la importancia de esta nueva normativa, rechazando cualquier idea de que se trate únicamente de una actualización superficial. Los representantes destacaron que es una propuesta que engloba una nueva estructura legislativa, en contraste con la mera modificación que se intentó en 2022.

El proceso de desarrollo de la ordenanza ha implicado la evaluación de 106 alegaciones, de las cuales se han incorporado tres propuestas individuales relacionadas con aspectos técnicos y el inicio de la aplicación de la norma, así como cuatro provenientes del sector de la hostelería que abordan la fase de adaptación y el movimiento de peatones.

En abril de 2024, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) declaró nula la modificación de la normativa de terrazas, decisión que logró validar gracias a un recurso presentado por la oposición socialista, argumentando la falta de argumentos adecuados sobre el impacto presupuestario y la evaluación ambiental necesarios; el tribunal subrayó la carencia de informes suficientes en este sentido.

A pesar de que el Ayuntamiento intentó recurrir la decisión ante el Tribunal Supremo, el recurso fue inadmitido, lo que llevó a la anulación definitiva de la ordenanza de 2022. Así, el camino quedó despejado para que la nueva regulación entre en efecto en los próximos años, con la esperanza de crear un marco más robusto que beneficie tanto a la comunidad como al sector hostelero de la ciudad.