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Viernes, 16 de octubre de 2026 Edición Madrid · Red Crónica
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Madrid desestima asumir la gestión migratoria en Ceuta en la Sectorial de Infancia

Madrid asistirá en apoyo a Ceuta en la Sectorial de Infancia, pero advierte que no asumirá la gestión de la crisis migratoria. La tensión política crece.

Redacción · Crónica Madrid 2 min de lectura

La Comunidad de Madrid anunció su asistencia a la próxima Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, prevista para este jueves, en apoyo a Ceuta y sus residentes. Sin embargo, dejó claro que no asumirá la responsabilidad por la gestión de la crisis migratoria que afecta a la ciudad autónoma.

En un contexto de tensión política, varias comunidades autónomas optaron por no asistir, señalando la incapacidad del Gobierno central para controlar la situación en Ceuta. Madrid, por su parte, exige un refuerzo en las fronteras, mayor control policial y una reagrupación de menores que garantice la protección efectiva y la legalidad.

El debate refleja la creciente discordancia entre las administraciones regionales y el Gobierno central respecto a la gestión de la crisis migratoria en Ceuta. La comunidad madrileña denuncia que se intenta trasladar la responsabilidad sin ofrecer soluciones concretas, en medio de una situación que consideran desbordada.

El encuentro, que se realizará tras la decisión de organizar una reunión técnica en agosto, abordará además un crédito de 25 millones de euros para atender a la infancia migrante en Ceuta y otros aspectos relacionados con menores no acompañados. La propuesta incluye también la posibilidad de derivar a 500 niñas de Ceuta a la península.

Este episodio evidencia las tensiones políticas en torno a la gestión migratoria en el territorio nacional. La postura de Madrid refleja una demanda de mayor control y recursos, mientras que el Gobierno central enfrenta críticas por la aparente falta de planificación y eficacia en la resolución de la crisis.

El futuro de esta problemática dependerá de cómo se articulen las políticas de coordinación entre administraciones y de la capacidad del Ejecutivo para garantizar una gestión efectiva de las fronteras y de la protección infantil, en un escenario que se prevé complejo y en constante evolución.

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