Madrid denuncia al Gobierno por aplicar un enfoque "político" en políticas de dependencia y exige nuevamente 3.000 millones en deudas.

En un reciente debate en el Senado, Ana Dávila, consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, lanzó duras críticas al Gobierno central por lo que considera un uso político en la financiación de la dependencia. Dávila reiteró su exigencia de 3.000 millones de euros que, según ella, el PSOE adeuda a la comunidad desde su llegada al poder en 2018.

Durante su intervención, destacó que cada día que pasa, el Ejecutivo español priva a los ciudadanos más necesitados de Madrid de un millón de euros destinados a la atención de la dependencia. Con un tono indignado, enfatizó que esta situación se repite cíclicamente: “Ayer fueron un millón, hoy otro millón, y mañana será lo mismo”.

La consejera también puso de relieve el impacto positivo que tendría la recuperación de esos fondos, señalando que se podrían crear más de 70.000 plazas residenciales. Esta cifra triplicaría la capacidad actual en la región, y permitiría establecer 1.200 nuevos centros para la valoración de discapacidades, así como garantizar la Atención Temprana para todos los niños de Madrid y, a nivel aún más amplio, de Europa durante un año.

Dávila evidenció la desproporción en las aportaciones económicas, manifestando que en un mes, la Comunidad de Madrid financia 27 días de atención para personas dependientes, mientras que el Gobierno español solo se hace cargo de tres. La consejera lamentó que esta falta de cumplimiento a la ley, que estipula una financiación compartida del 50% entre el Estado y las comunidades autónomas, persista sin ser corregida.

Añadió que este problema no es exclusivo de la capital, sino que afecta a muchas autonomías, aunque observó que hay ciertas regiones que reciben un trato preferencial. “En el País Vasco, por ejemplo, el Estado cumple con la obligación de financiar el 50%”, afirmó, repuntando la crítica hacia un Gobierno que, según ella, se guía más por intereses políticos que por criterios sociales.

La consejera madrileña no se detuvo ahí y aseveró que mientras el Ejecutivo central se niega a aumentar la financiación para la dependencia en Madrid, se apresta a transferir cerca de 5.000 millones de euros a la Generalitat de Cataluña. Para Dávila, esta disparidad es un claro reflejo de las prioridades del Gobierno.

“El problema no radica en aspectos técnicos, sino en la falta de prioridades”, señaló, subrayando que cuando el Gobierno desea actuar, rápidamente encuentra formas legales para transferir grandes sumas de dinero, en contraposición a la inacción en lo que respecta a la dependencia.

La consejera encapsuló su crítica al concluir que “no hay mayor acto de corrupción que abandonar a los más vulnerables” y sostuvo que la discusión no se debe enmarcar en un contexto territorial, sino como un asunto de igualdad entre todos los españoles. Además, recordó que había solicitado una reunión con el ministro de Derechos Sociales, quien descalificó su petición tildándola de “irónica”.

“Esta etapa oscura pasará. La historia recordará a quienes fallaron a sus ciudadanos en los momentos críticos. No estamos pidiendo favores, solo cumplimiento a la ley por parte del Gobierno de España”, concluyó Ana Dávila, dejando claro su compromiso con la justicia social en la comunidad.