Madrid advierte que no aceptará nuevos traslados de menores sin cobertura legal tras la expiración del mecanismo extraordinario

La Comunidad de Madrid ha comunicado formalmente al Gobierno de España que no permitirá nuevos traslados de menores migrantes no acompañados bajo el Real Decreto-ley 2/2025, considerando que este mecanismo ha quedado sin respaldo jurídico tras la expiración de los plazos establecidos. La advertencia fue transmitida por la consejera de Asuntos Sociales, Ana Dávila, en una carta dirigida al ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, y ha sido confirmada por fuentes oficiales.

Este pronunciamiento se produce en un contexto en el que el Gobierno central ha intentado mantener un sistema de reubicación de menores mediante un marco legal extraordinario, que la Comunidad de Madrid considera ya caducado y fuera del ordenamiento jurídico vigente. La disputa refleja tensiones persistentes en la gestión de la protección infantil y la distribución de responsabilidades entre las administraciones autonómicas y el Estado, en un escenario marcado por la creciente presión migratoria en las fronteras españolas.

Desde Madrid, se critica que el mecanismo ha ignorado principios básicos de protección y coordinación, como la valoración individualizada de cada menor, su voluntad y la situación familiar, aspectos que la comunidad considera esenciales para garantizar derechos y evitar vulneraciones. En particular, se ha señalado que la aplicación del decreto ha derivado en separaciones de hermanos y en traslados de menores que, en otros contextos, podrían tener vínculos familiares o recursos en sus comunidades de origen.

El conflicto refleja un trasfondo político en el que Madrid busca reafirmar su autonomía en cuestiones de protección social y migratoria, en oposición a una política central que ha promovido la ampliación de mecanismos extraordinarios para gestionar la situación de menores migrantes. La postura de la comunidad, que amenaza con acciones legales, responde a una intención de defender sus competencias y asegurar que la protección de menores no se vea sometida a cambios legales que considera temporales o insuficientes.

Este enfrentamiento se inscribe en un contexto más amplio de desacuerdo entre las administraciones regionales y el Gobierno central sobre la gestión de la migración y la protección social, que se ha manifestado en distintas ocasiones en los últimos años. La Comunidad de Madrid ha insistido en que las políticas migratorias deben ajustarse a la legalidad y respetar los derechos de los menores, en un escenario donde la falta de un marco estable genera incertidumbre tanto en las instituciones como en los afectados.

En definitiva, la tensión actual subraya la necesidad de un marco legal claro y consensuado que garantice la protección efectiva de los menores migrantes, equilibrando las competencias autonómicas y las responsabilidades del Estado en un ámbito complejo y sensible.