• miércoles 8 de febrero del 2023
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Luis Medina solicita al juez que San Chin Choon declare en la Embajada de España en Malasia

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MADRID, 28 Sep.

El empresario Luis Medina ha pedido al juez Adolfo Carretero que cite al empresario malasio San Chin Choon a declarar en la situacion de las máscaras desde la Embajada de España en Kuala Lumpur (Malasia), frente su aducida imposibilidad de moverse a territorio español para comparecer por fundamentos laborales.

En un escrito remitido al titular del Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid, la representación legal de Luis Medina manifiesta la "capital, precisa y también indispensable intervención y declaración" del empresario malasio en tanto que la información que logre hacer más simple "es completamente indispensable y importante" en la resolución del trámite,

San Chin Choon es la persona que proveyó material sanitario a los investigados Luis Medina y Alberto Luceño para su venta al Consistorio capitalino. El Ayuntamiento de Madrid pagó prácticamente 11 millones de euros, de los que seis terminaron a cargo de los comisionistas. Los investigados declararon que eran agentes únicos de Leno, la compañía de San Chin Choon.

En este sentido, Luis Medina solicita al juez que fije día y hora para tomar declaración a través de videoconferencia a San Chin Choon y use para esto "los medios pertinentes al Decanato y a la Embajada de España en Kuala Lumpur" y se se haga más fácil un traductor jurado del idioma chino para la traducción simultánea.

San Chin Choon trasladó al juez su imposibilidad moverse a España para comparecer por fundamentos trabajos y se ofreció a declarar en el día 21 o 28 de octubre a las diez horas mediante una videoconferencia desde la Embajada de España en Kuala Lumpur.

Más Madrid ha pedido que se cite al empresario malasio en el Juzgado y no por videconferencia. En esta línea, la representación legal de Medina recuerda en su escrito que todos y cada uno de los juzgados, y mucho más tras la pandemia del Covid-19, están dispuestos para poder entrar al sistema de videoconferencia "de una forma confiable, rápida, económica y eficiente".

El pasado julio, el juez Adolfo Carretero se opuso a la solicitud de Alberto Luceño de reactivar la comisión rogatoria a Malasia para interrogar al distribuidor malasio ya que este país flagela a sus presos, lo que piensa "un obstáculo insalvable para cualquier cooperación judicial".

Por su lado, Alberto Luceño, en otro escrito anunciado frente al juez, ha pedido al magistrado que inspecciona la situacion de las máscaras que revoque y declare nulos las órdenes de entrada y registro en la sede popular de Takamaka Investments S.L del pasado 22 de septiembre, en el que la Policía Nacional encontró una placa donde ponía "agente de autoridad del Centro Nacional de Inteligencia (CNI)" y múltiples impresiones de imágenes de tarjetas de la Policía Nacional y del Ministerio de Defensa.

En el escrito anunciado frente al magistrado Adolfo Carretero, el empresario madrileño manifiesta que esta medida carece "completamente de justificación" y se quiere "efectuar una investigación prospectiva" prácticamente un par de años tras el comienzo de las indagaciones.

Por ejemplo cuestiones, manifiesta sobre esto que él mismo ha entregado la documentación que se le ha requerido a fin de que obre en la causa. "Es opuesto a derecho intentar justificar una diligencia de entrada y registro señalando que el investigado no ha aportado de forma voluntaria una hipotética documentación, sin siquiera señalar cuál sería en teoría, aparte de que, como obra en coches, no hay documentación que le haya sido requerida y no haya entregado", apunta en el escrito consultado por Europa Press.

Además de esto, ten en cuenta que la solicitud de incautación de ordenadores y teléfonos móviles inteligentes reclamada por las acusaciones populares no fue atendida por el juzgado, que debería haber resuelto esta solicitud en el momento en que le fue formulada. "Ello, indudablemente, podría haber sido una medida proporcional, y no la infundada entrada y registro acordada", apunta.

"Una diligencia con semejante injerencia en el derecho primordial a la inviolabilidad del hogar, practicada prácticamente un par de años tras el comienzo de la investigación, únicamente tiene la posibilidad de tener carácter prospectivo", arguye.

Hablamos de una parte separada que se ha abierto a instancias de la Fiscalía para investigar las comunicaciones entre Alberto Luceño y el empresario malasio San Chin Choon.

El propio juez rechazó a Más Madrid el catálogo de llamadas entre los vinculados a los tres contratos que inspecciona en la situacion de las máscaras por los que el Ayuntamiento de Madrid pagó 11,6 millones de euros para dotar a la localidad de guantes, máscaras y test Covid al comienzo del Covid.

En cuanto a la causa general, la Audiencia Provincial de Madrid ha rechazado la solicitud de Podemos de agrandar la imputación a Luceño a un delito fiscal al no ver rastros de su comisión por la parte de la sociedad que formó para ocuparse a sus negocios.

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