"Nos encontramos frente al habitual pelotazo antes de selecciones", advierte Lobato
MADRID, 24 Ago.
El secretario general del PSOE-M, Juan Lobato, se ha comandado por carta a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, para pedir una asamblea urgente y solicitarle la suspensión del desarrollo de concesión de la Ciudad de la Justicia, ya que es imposible "hipotecar" a la zona en el último tramo de la legislatura "con exactamente el mismo modelo que ha fracasado a lo largo de los últimos 15-17 años".
En su misiva, Lobato volvió a soliciar una asamblea urgente a Díaz Ayuso por este emprendimiento para investigar "la complicada situación" frente al rechazo con apariencia de recurso de campos damnificados y frente al "fracaso ahora probado" del modelo elegido por el PP de Madrid.
"Quieren adjudicarlo en pleno mes de agosto y a 8 meses de unas selecciones y sin un mínimo consenso y con los campos en contra, que están recurriendo contra este pliego de condiciones, es imposible hipotecar a una zona adjudicando un contrato para 40 años con una cantidad enorme de millones en juego y con exactamente el mismo fracasado 'modus operandi' de Aguirre y de Ignacio González, que ha concepto cuando menos 355 millones de euros de impuestos de los madrileños despilfarrados", ha afeado Lobato.
En este línea, Lobato ha subrayado que "tras 17 años del comienzo por Esperanza Aguirre y también Ignacio González de este modelo de concesión a una compañía privada de la administración de la Ciudad de la Justicia de Madrid solo ha salido dinero de los madrileños y no se obtuvo nada. Es un disparate que en este momento se vuelva a insistir en exactamente el mismo modelo ahora fracasado".
Considera Lobato que vista la carencia de consenso y la cercanía de las selecciones lo conveniente sería suspender este desarrollo de licitación y una asamblea para procurar concitar un "mínimo de consenso" y si no, dejarlo para tras las selecciones y, quien encabece y rija la Comunidad de Madrid y a través del Parlamento regional tome la resolución sobre qué realizar con la Ciudad de la Justicia.
Por todo ello, el PSOE-M solicita la paralización del desarrollo. "Nos encontramos frente al habitual pelotazo antes de selecciones. Quieren dejar este negocio hecho antes de un viable cambio de gobierno en Madrid. No se puede jugar de esta forma con cientos de millones de euros de los madrileños."
El PSOE-M siempre y en todo momento ha planteado que la Comunidad de Madrid debería tener aptitud para administrar con efectividad la construcción de la instalación y la posterior contratación de los servicios que se precisen (limpieza, vending, etcétera) y cree que el modelo planteado por el PP piensa "la cesión completa a un fondo privado para su explotación integral".
La Ciudad de la Justicia que va a levantar la Comunidad de Madrid en el vecindario de Valdebebas para concentrar las 28 sedes judiciales del partido judicial de la ciudad más importante ocupará el doble de espacio de Ifema, va a contar con 18 inmuebles funcionales, dispondrá de 2 parkings con 4.000 plazas, uno público y otro privado, y de un intercambiador de transportes con Cercanías y Metro.
El plan urbanístico proyectado por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso echó a caminar en el mes de marzo de 2020 tras una sentencia del Tribunal Supremo que dejaba las manos libres al Ejecutivo regional para acometer su diseño y sobrepasar los fallos de los malogrados proyectos errados de los expresidentes madrileños Esperanza Aguirre y también Ignacio González.
El Ejecutivo autonómico prevé adjudicar el emprendimiento a inicios de 2023 y va a ser entonces en el momento en que arranque la construcción con la colocación de la primera piedra. Los trabajos se extenderán a lo largo de unos tres años, según las estimaciones de la Consejería que dirige Enrique López.
La Comunidad de Madrid abrió el pasado 5 de agosto el período para la concesión del contrato para la construcción, conservación y explotación de la novedosa Ciudad de la Justicia del Partido Judicial de Madrid, que concluirá el próximo 20 de octubre, un contrato estimado en 2.847.986.667,47 euros.
La Comunidad de Madrid eligió por un modelo concesional, sosprechado en la Ley de Contratos Públicos del Sector Público. El emprendimiento piensa una inversión de capital privado de cerca de 507 millones de euros solo en construcción, puesto que no incluye costos relativos a la explotación y al cuidado. Con este modelo, se afirma seguridad financiera en época de contención del gasto.
En preciso, la fórmula escogida por la Administración regional para la Ciudad de la Justicia radica en una concesión con un período máximo de 40 años. El canon sube, como máximo, a 49,3 millones de euros --mucho más IVA--, cantidad que no va a ser doblegada a revisión (y solo en un 20% de exactamente la misma) hasta el octavo año del contrato. Esta cuantía solo va a ser examinada de nuevo hasta el momento en que el licitador recupere la inversión efectuada, y va a poder ser rebajada por los licitadores en la oferta que muestren.
Esta cifra va a suponer para las arcas públicas de la Comunidad un ahorro de sobra de 20 millones de euros en relación a los 72 que invierte anualmente el Gobierno autonómico en la prestación del mismo servicio, introduciendo, entre otros muchos costos, alquileres, supervisión, limpieza, suministro eléctrico o fichero. El complejo va a contar con dotaciones como parking, inmuebles para usos expertos, centros de deportes, de ocio y salud, cafeterías y una escuela infantil, todo ello dirigido a la conciliación laboral y familiar y para prosperar la calidad de vida de sus individuos.
