MADRID, 8 Nov. - La Asamblea de Madrid celebrará un nuevo Pleno este miércoles, anticipado por el festivo del Día de Nuestra Señora de la Almudena. En esta ocasión, se espera que se vuelva a poner de manifiesto la política nacional y los acuerdos del PSOE con los independentistas en relación con la investidura de Pedro Sánchez.
Específicamente, el portavoz del PP en la Cámara regional, Carlos Díaz-Pache, interrogará a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, sobre el impacto que estos acuerdos anunciados por los socialistas tienen en la Comunidad de Madrid. Entre estos acuerdos se incluye la condonación de la deuda a Cataluña y una futura Ley de Amnistía.
Ayuso ha criticado en los últimos días que condonar la deuda por "interés político" daña la imagen de España como un país confiable y ha rechazado la amnistía, argumentando que saltarse la ley es y debe seguir siendo un delito.
Más allá de este asunto, la sesión plenaria comenzará con un minuto de silencio por el asesinato de una mujer a puñaladas en Getafe la semana pasada, un caso que se está investigando como posible violencia de género.
Además, los portavoces de los grupos de la oposición preguntarán a la líder madrileña sobre la Sanidad madrileña (Vox y Más Madrid) y sobre cómo valora la productividad laboral en la región en comparación con otras regiones (PSOE).
Luego, serán los consejeros del Gobierno madrileño quienes tendrán que responder a las preguntas de los diputados sobre diversas cuestiones, como las condiciones laborales de las trabajadoras de las escuelas infantiles públicas de la Comunidad, el servicio de taxi a demanda o la atención a los menores extranjeros que llegan desde las Islas Canarias.
Además, la consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila, comparecerá para informar sobre la gestión en los centros residenciales y de día para personas mayores dependientes, y se debatirá una moción derivada de una interpelación sobre las políticas de administración local.
En el turno de las Proposiciones No de Ley (PNL), los grupos parlamentarios debatirán sobre la discriminación racial en el acceso a la vivienda, la adaptación de las Ofertas de Empleo Público de la Administración de Justicia a las necesidades reales, y la revisión del modelo actual de promoción de vivienda protegida, de manera que las empresas constructoras puedan asumir el aumento de los costos y materiales.