MADRID, 19 Ago.

Ángeles Triano, la madre del joven ejecutado el verano pasado en un túnel del madrileño vecindario de Pacífico, ha pedido que se cambie la Ley del Menor y que se endurezcan las penas frente a la inminente salida del centro de menores de los asesinos de su hijo.

Esta pensado que mañana sean puestos en independencia los tres menores implicados en el delito de Isaac, un joven con síndrome de Aspergen que fue apuñalado por la espalda en el momento en que iba con su patín por un túnel. Su salida se genera ya que la Ley del Menor impide que estén mucho más de nueve meses internos en un centro de menores.

"Mañana me puedo conseguir a los asesinos de mi hijo en el momento en que salga a obtener el pan", ha subrayado a Europa Press Nines, quien demanda prisión persistente revisable para el único adulto que cumple prisión precautoria esperando de la celebración del juicio oral.

Nines rehusa de reunirse con autoridades y su propósito es desplazar la concienciación popular para conseguir un cambio en la normativa, renunciando asimismo a arrancar una campaña de obtenida de firmas como logró en su día la madre de Sandra Palo. "No sirve de nada", afirma.

"Por visto que tengan 17 años y 6 meses no son menos asesinos que uno que tenga 18 años. No se arrepienten de lo que hicieron y se vanaglorian de esto", ha lamentado.

Los menores vinculados al asesinato están internos en régimen cerrado en el centro de menores Teresa de Calcuta, situado en la ciudad de Valdaracete y ligado de la Comunidad de La capital española. Mañana vence el período de internamiento cautelar.

La Ley del Menor establece que los menores recluidos no tienen la posibilidad de mantenerse mucho más de nueve meses internos. Ante tal previsión, Nines ha demandado que se tomen medidas para eludir su puesta en independencia.

La madre de la víctima, por medio de su letrado, pedirá en el juicio prisión persistente revisable para el asesino al darse los requisitos que pide la ley para esta pena privativa de independencia.

Entre los requisitos figura que el ejecutado sea un individuo vulnerable con motivo de alguna discapacidad y que el delito lo haya cometido un individuo que pertenezca a una organización criminal.