La Justicia confirma la separación preventiva de exjefe policial en Torrejón por denuncia de agresión sexual
La Justicia avala la separación preventiva de un exjefe policial de Torrejón por una denuncia de agresión sexual, en línea con protocolos de protección.
El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Madrid ha ratificado la decisión del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz de mantener separado a un exjefe de Policía Local en medio de un proceso judicial por presuntas agresiones sexuales. La resolución respalda las medidas preventivas adoptadas por el consistorio para garantizar la protección de la víctima y la imparcialidad del proceso judicial.
El caso se enmarca en el contexto de las actuaciones municipales para aplicar protocolos de prevención frente al acoso y la violencia de género en el ámbito policial. La decisión judicial desestima el recurso presentado por el funcionario y confirma que la separación provisional no constituye sanción, sino una medida cautelar en un procedimiento penal en curso.
La resolución judicial recalca que la medida busca evitar el contacto directo entre el investigado y la denunciante, en consonancia con las políticas públicas de protección a las víctimas. La decisión también resalta que el funcionario mantiene su derecho a la defensa y a la continuidad en la función pública, en un puesto distinto al de policía.
Este caso refleja la tensión existente en instituciones policiales respecto a la gestión de denuncias internas por violencia de género y acoso. La decisión judicial evidencia que los protocolos internos priorizan la prevención y la protección, en línea con las directrices políticas y normativas nacionales e internacionales sobre derechos de las víctimas.
De cara al futuro, este incidente puede influir en la revisión y fortalecimiento de los protocolos municipales y estatales en materia de protección a funcionarios y denunciantes. La sentencia reafirma el principio de que las medidas preventivas no deben afectar derechos fundamentales, siempre que se fundamenten en criterios objetivos y proporcionales, en un contexto de respeto a la legalidad y la protección de derechos.