• jueves 2 de febrero del 2023
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La Fiscalía solicita al Juzgado el sobreseimiento del caso amianto tras el acuerdo con damnificados, Metro y sindicatos

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MADRID, 3 Ago.

La Fiscalía de Madrid ha pedido al Juzgado de Instrucción número 23 el sobreseimiento del caso amianto en Metro de Madrid por carecer de creador popular de un delito contra los derechos de los trabajadores, tras el acuerdo judicial y económico al que llegaron los sindicatos, Metro, damnificados, sindicatos y la Fiscalía para terminar a la guerra judicial y civil por las graves secuelas de la exposición al amianto en la salud de los trabajadores del suburbano.

Según reconoce la fiscal en su escrito, al que tuvo ingreso Europa Press, si bien el peligro de exposición al asbesto ha podido ser popular en el periodo de tiempo de 2003 a 2006 por los investigados que tenían cargos de compromiso, se debía saber si se suprimió "dolosamente la adopción de medidas en oposición al amianto u escondieron intencionadamente su vida, poniendo bajo riesgo a los trabajadores con riesgo grave para su historia y salud".

También, si tuvieron ingreso a los documentos que señalaban la presencia de amianto y omitieron "asimismo dolosamente la adopción de medidas en oposición al amianto y escondieron intencionadamente su vida".

"Saber el responsable penal en el momento en que la acción delictiva tiene sitio en el contexto de una organización y composición complicada y jerarquizada es demasiado complejo , como fué proclamado últimamente por el Tribunal Supremo en el coche de 18 de diciembre de 2020 causa particular 20542/2020", recopila la fiscal de Seguridad y Salud Laboral, Alejandra Navarro.

"Charlamos del principio de responsabilidad por el hecho propio. La compromiso penal es rigurosamente personal. Cualquier juicio de autoría pide que la persona a la que se asigna compromiso criminal haya ejecutado por sí la acción habitual o, en teóricos de coautoría, tenga el dominio servible del hecho", ha movido.

Así, reitera que que esta imputación puede ser singularmente complicada en el momento en que la acción delictiva tiene sitio en el contexto de una organización o composición complicada y jerarquizada.

"La división y delegación de funcionalidades y, por consiguiente, de la aptitud de resolución --que puede recaer sobre un conjunto diverso y múltiple de personas que ejercitan algún género de mando y dirección en la composición-- hace todavía mucho más bien difícil la afirmación de la compromiso criminal", ha justificado.

Sin embargo, aseguró que esta dificultad no exonera de efectuar el juicio de autoría en el momento en que de esta manera quede acreditado. "Pero, en ningún caso, puede desembocar en atribuciones objetivas de compromiso por el mero hecho de la situación o cargo que un individuo específica ostente en la organización, por altísimo que este sea. De llevarlo a cabo de este modo vulneraríamos de forma flagrante el principio de responsabilidad", ha apostillado.

Considera la fiscal que la compromiso penal tampoco puede ser demandada a la compañía Metro de Madrid, "más allá de que quedó acreditada la concurrencia de los elementos configuradores del delito contra los derechos de los trabajadores sosprechado en el producto 316 Código Penal, ya que no reúne los requisitos para ser responsable penal en la presente causa",

"La compañía Metro de Madrid es una compañía con mucho más de 7.000 trabajadores con una complicada organización. La división del trabajo y la delegación de funcionalidades son consubstanciales a su desempeño, teniendo un Servicio de Prevención Propio compuesto por varios departamentos, subdepartamentos con una enorme variedad de causantes y mandos intermedios", ha señalado.

El importe global que Metro va a pagar tras la firma sube a 7.359.176,13 euros que corresponden a las indemnizaciones a 7 trabajadores y a los familiares de otros 13.

Para esos usados con patología profesional conocida que hayan derivado en Incapacidad Permanente Total para su Profesión Habitual se ha predeterminado una indemnización de 140.000 euros, al tiempo que para los de Incapacidad Permanente Absoluta para toda Profesión se ha acordado que ascienda a 190.000 euros.

En en el caso de que el trabajador haya fallecido, el cónyuge va a percibir 200.000 euros. En cuanto a los hijos, la cuantía cambia en función de si existe o no convivencia y dependencia económica con el trabajador (entre 66.650 y 115.525 euros).

Para entablar las indemnizaciones se tomaron como base los criterios seguidos en las sentencias judiciales y pactos a los que la compañía llegó con familiares de 2 trabajadores en 2018 y 2019.

El acuerdo asimismo se va a aplicar caso de que más adelante existan mucho más trabajadores con patología profesional conocida. Las cuantías se sostendrá a lo largo de los próximos cinco años.

A partir de ese instante, Metro y sindicatos las examinarán. Las bases del acuerdo son el resarcimiento de todos y cada uno de los perjudicados que ya están hasta el día de hoy, tanto a los trabajadores de Metro de Madrid como, en la situacion de fallecimiento de éstos, a sus familiares.

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