• jueves 2 de febrero del 2023
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La Fiscalía recurre la admisión de la demanda contra la encargada del Gobierno por presunta prevaricación

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MADRID, 9 Dic.

La Fiscalía de Madrid ha interpuesto un recurso contra la resolución del juez de Instrucción número 24 de Madrid de aceptar a trámite una demanda de la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica contra la encargada del Gobierno en Madrid, Mercedes González, por un delito de prevaricación.

En el coche, que se dictó el pasado 1 de diciembre, el magistrado acordaba refererir el próximo 13 de enero a declarar a la encargada en calidad de querellada. Ahora, el fiscal ha interpuesto un recurso de reforma frente nuestro juez y otro subsidiario de apelación, frente a la Audiencia Provincial de Madrid.

La demanda se interpuso ya que Mercedes González autorizó el pasado julio la concentración de un conjunto memorialista en oposición al Congreso de los Diputados el día en el que se aprobó la Ley de Memoria Histórica en el momento en que había resituado un día antes una manifestación de la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica.

El gerente del Ministerio Público comprende que la demanda y los hechos descritos en exactamente la misma "adolecen de todos los requisitos demandados por la Jurisprudencia para comenzar un desarrollo penal por un delito de prevaricación".

La demanda contra la encargada del Gobierno fue interpuesta por la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica a causa de que les fuera rechazada una petición para concentrarse el pasado 13 de julio en oposición al Congreso de los Diputados como queja por la aprobación de la novedosa Ley de Memoria Democrática.

Como contrapartida, se le ofreció efectuar otra concentración, exactamente el mismo día y a exactamente la misma hora, en la Plaza de las Cortes en el espacio comprendido entre la Plaza de Cánovas del Castillo y la confluencia de las Calles Duque de Medinaceli y Marqués de Cubas con la Plaza de las Cortes, "sin rebasar exactamente la misma, situándose de manera que no se obstruya en ningún instante el ingreso ni el habitual desempeño de las edificaciones y establecimientos públicos que ya están en la región".

Los demandantes argüían que la Delegación del Gobierno sí había autorizado otra concentración sosprechada para un día después en oposición al Congreso de los Diputados estructurada por las asociaciones memorialísticas.

De ahí que pongan de manifiesto que se causó una distinción, "sin base legal alguna" y "dependiendo del signo político de la asociación convocante" lo que, a su parecer, "piensa una restricción ilícita del derecho de asamblea".

Según la Fiscalía, los hechos contados por los demandantes, "y que quieren encuadrarse en un presunto delito de prevaricación", desbordan en ámbito propio de la jurisdicción penal.

Es mucho más, comprende que la demanda no cumple los capitales mínimos para ser considerada como "notitita criminis" y que, por este motivo, no tiene legitimación para comenzar una investigación judicial por la supuesta comisión de un delito.

En su recurso la Fiscalía enseña que en la resolución dictada por la Delegación del Gobierno se establecía que la concentración debía encuadrase en un espacio preciso, "sin rebasar exactamente la misma, situándose de manera que no se obstruya en ningún instante el ingreso ni el habitual desempeño de las construcciones y establecimientos públicos que ya están en la región.

En función de la afluencia de ayudantes, y con el objetivo de que el acto se desarrolle en condiciones de seguridad, por la parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad se habilitarán nuevos espacios o se limitarán exactamente los mismos.".

Por tanto, concluye que "de ninguna forma" tienen la posibilidad de considerarse estas advertencias, o el diferente trato esgrimido en la demanda, como una resolución arbitraria y susceptible de constituir un delito de prevaricación administrativa.

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