La Fiscalía ha presentado una solicitud ante el Tribunal Supremo para que se ajuste la sentencia que condenó a Álvaro García Ortiz a dos años de inhabilitación por el delito de revelación de secretos, relacionado con Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

En el documento firmado por la teniente fiscal María de los Ángeles Sánchez Conde, se solicita no solo la anulación de la sentencia, sino que, de manera subsidiaria, se elimine también la indemnización dictada a favor de González Amador y la condena al pago de las costas de la acusación particular.

La Fiscalía argumenta que hay motivo suficiente para este incidente de nulidad, señalando múltiples vulneraciones de derechos fundamentales, tales como el derecho a la presunción de inocencia, el principio acusatorio, y el derecho a la tutela judicial efectiva, entre otros, según revela Europa Press.

En su escrito, la Fiscalía expresa que el Tribunal Supremo ha ignorado el testimonio de numerosos testigos y evidencia que el correo electrónico en cuestión ya había sido divulgado por distintos medios de comunicación antes de que llegara a García Ortiz. Esto, subraya la Fiscalía, es un hecho que la sentencia ha omitido sin justificación.

Asimismo, la Fiscalía indica que durante los días 12 y 13 de marzo, varios medios informaron sobre la supuesta influencia política detrás de la actuación de la Fiscalía, sugiriendo que carecían de base fáctica y estaban impulsados por el gobierno regional de Madrid. La Fiscalía considera que estas acusaciones fueron parte de un esfuerzo concertado para desacreditar la investigación.

El Ministerio Público destaca que esta investigación se centraba en Alberto González Amador, quien era investigado por una supuesta trama de fraude fiscal, lo que motiva la oposición de la denuncia presentada.

ANÁLISIS DE TESTIMONIOS LIMITADO

Esencialmente, la Fiscalía critica lo que describe como una revisión limitada de los testimonios de defensa en la sentencia, notando que, aunque se reconoce que los medios conocieron el contenido del correo a través de fuentes externas a García Ortiz, este hecho no recibió la debida consideración.

El escrito también señala diferencias entre la calificación jurídica de los hechos presentada por la acusación particular y la conclusión de la sentencia, sugiriendo que las variaciones en la responsabilidad penal y civil son significativas y no deben ser desestimadas.

La Fiscalía argumenta que el tribunal, sin ofrecer una explicación adecuada, afirma que existe homogeneidad entre las demandas de la acusación, cuando en realidad no ha aceptado los pedidos realizados por esta parte. Esta situación, según la Fiscalía, implica que la imposición de costas a la acusación particular carece de fundamento legal.

Finalmente, se resalta que la condena en costas no está justificada debido a que la acusación particular no ha sido condenada, lo que convierte el fallo en cuestionable.

La decisión del Tribunal Supremo dejó a García Ortiz fuera de un puesto que ya estaba marcado por su cercanía a la exministra de Justicia, Dolores Delgado. Un panel de siete magistrados, en su mayoría conservadores, selló su suerte, con la disidencia de dos magistradas de tendencia progresista, poniendo fin a un mandato que ya enfrentaba críticas desde hace más de un año, cuando se planteó su encausamiento por la filtración relacionada con la defensa de González Amador.