En la jornada del 9 de enero, Ana Dávila, consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, ha impuesto una firme exigencia al Gobierno central a través de su delegado en la región, Francisco Martín. Dávila reclama un aumento en la financiación y la mejora en la seguridad para las víctimas de violencia de género a lo largo de todos los municipios madrileños.

Este pronunciamiento tuvo lugar antes de que Dávila asistiera a una función especial del espectáculo 'Circlassica', diseñado para personas con discapacidad intelectual. La ocasión fue impulsada por el envío de una carta de Martín a los alcaldes de 34 localidades en la que les exhorta a unirse al Sistema VioGén, un mecanismo clave para el seguimiento integral de los casos de violencia de género.

En la correspondencia, también dirigida a Judith Piquet, presidenta de la Federación Madrileña de Municipios y alcaldesa de Alcalá de Henares, el delegado del Gobierno incita a los ediles a "considerar" la integración en VioGén, una herramienta vital para evaluar riesgos y garantizar la protección de las víctimas.

Ana Dávila no se contuvo en su crítica, afimando que "lo primero que tiene que hacer es ponerse a trabajar". La consejera se ha quejado de la falta de respuesta del Gobierno central a las reiteradas solicitudes de aumentar los dispositivos de seguridad disponibles en todos los municipios madrileños.

Además, Dávila puso el acento en la necesidad de una mayor financiación para Madrid, que, según ella, es la región que menos apoyo recibe en relación al número de víctimas. También exigió que se resuelva "el escándalo de las pulseras antimaltrato", destacando que sigue existiendo incertidumbre sobre las soluciones para proteger a las mujeres que se han visto desprotegidasa causa de la falta de acción por parte del Gobierno central.

La consejera subrayó que Madrid cuenta con una de las redes de atención más completas para mujeres víctimas, con recursos altamente especializados. Sin embargo, insistió en que es imperativo que el Gobierno de España actúe, señalando la urgencia de abordar temas como las pulseras antimaltrato y aumentar tanto la seguridad como la financiación, que históricamente ha perjudicado a la Comunidad de Madrid.