MADRID, 16 de noviembre.

La consejera de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid, Rocío Albert, ha instado a los sindicatos a involucrarse activamente en la prevención de riesgos laborales, subrayando que actualmente cuentan con los recursos económicos necesarios para implementar medidas efectivas en este ámbito.

En una reciente entrevista con Europa Press, Albert enfatizó el papel crucial que desempeñan las organizaciones sindicales en la protección de los trabajadores, junto a las principales asociaciones empresariales, en la promoción de un entorno laboral seguro.

La consejera destacó que “son estos sindicatos quienes realmente poseen los recursos para abordar la cuestión de la prevención de riesgos laborales”, mencionando además la relevancia del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo, el cual ha identificado con claridad las áreas más propensas a accidentes laborales.

Recordando el trágico suceso del 7 de octubre, cuando un edificio en la calle Hileras se derrumbó y costó la vida a cuatro operarios, Albert hizo hincapié en que tanto CC.OO. como UGT deben exigir a las empresas que cumplan con sus responsabilidades en cuanto a la prevención y la vigilancia laboral para evitar que se repitan tragedias similares.

“Lo que resulta frustrante es que, siendo un actor clave en esta materia, luego critiquen las acciones que ellos mismos deberían llevar a cabo”, manifestó la consejera, que también apuntó que la mayoría de accidentes laborales ocurren en pequeñas y medianas empresas, en las que la implementación de medidas preventivas es más complicada.

La Comunidad de Madrid finalizó el año 2024 con el índice de siniestralidad laboral más bajo de toda España, con una tasa un 23,1% inferior a la media nacional.

Durante el verano, el Gobierno regional liderado por Isabel Díaz Ayuso presentó un recurso contra una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que había anulado ciertos aspectos de un convenio firmado con CC.OO., UGT, CSIF y CSIT-Unión Profesional para el personal de la Administración autonómica.

Este convenio, que entró en vigor el 1 de enero, fue impugnado por la Unión Sindical de Madrid Región de CC.OO., al considerar que infringía derechos fundamentales de los trabajadores. La corte estimó parcialmente la impugnación, reconociendo que varios artículos eran problemáticos.

En relación con este asunto, Albert subrayó que siguen a la espera de la resolución judicial y expresó su sorpresa por la decisión de CC.OO. de impugnar un acuerdo consensuado entre cuatro sindicatos de manera voluntaria.

“Este comportamiento demuestra que las secciones de CC.OO. que impugnan, específicamente en Sanidad y Educación, no son confiables, dado que previamente se comprometieron libremente y ahora intentan cambiar las reglas del juego. Actuaremos en función de sus decisiones”, agregó.

A pesar de estas tensiones, la consejera afirmó que la relación con los sindicatos es “satisfactoria”, mencionando los acuerdos alcanzados unánimemente en la Estrategia de Madrid para el Empleo y en la promoción de la carrera profesional para funcionarios, así como la colaboración en temas de salud laboral.

“La comunicación con ellos es fluida. Sin embargo, en ocasiones parecen olvidar su labor cotidiana, exhibiendo pancartas, pero al firmar acuerdos con nosotros, en contraposición a su conducta con otros que supuestamente les son afines, demuestran que su enfoque se ha vuelto más ideológico que representativo”, concluyó la consejera.