La Comunidad establece el tamaño mínimo para las VUT y delega a los ayuntamientos la regulación de su número.
La Comunidad de Madrid está a punto de dar un paso importante en la regulación de las viviendas de uso turístico (VUT) durante el próximo Consejo de Gobierno. Este miércoles se espera la aprobación de un nuevo decreto que incluye importantes cambios, estableciendo por primera vez requisitos sobre el tamaño mínimo de las estancias y permitiendo a los ayuntamientos restringir la cantidad de VUT por edificio, zona o área específica. Además, se exigirá que estos alojamientos cuenten con ropa de hogar y un menaje completo.
Fuentes de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte han informado a Europa Press que una de las innovaciones más significativas de la nueva normativa es la obligación de que las VUT dispongan de elementos básicos para el bienestar de los huéspedes. Esto incluye la provisión de sábanas, toallas, y utensilios de cocina adecuados, asegurando así un nivel de calidad mínimo en el servicio ofrecido.
La normativa también definirá la capacidad máxima de ocupación en estos alojamientos y exigirá un certificado de idoneidad para su funcionamiento. Para los apartamentos, se añadirán especificaciones relacionadas con la iluminación y la ventilación, así como la instalación de cortinas opacas en dormitorios y salones, junto a un mobiliario adecuado en todas las áreas.
Un aspecto fundamental de esta modificación es la prohibición de operar como VUT en viviendas de protección pública o en edificios donde lo impidan las comunidades de propietarios. Estas restricciones buscan adherirse a las recientes sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) y asegurar que las regulaciones sean ajustadas y coherentes con el contexto legal actual.
Además, se ha decidido que la responsabilidad de presentar la declaración responsable para iniciar la actividad recaerá sobre los responsables de la prestación del servicio turístico, en lugar de los propietarios de las viviendas, desmantelando así una carga administrativa previa que complicaba el proceso.
Esta serie de cambios forma parte de un Plan integral de control y refuerzo de las VUT que se implementará a partir de la segunda mitad de 2024. El objetivo es establecer un modelo turístico que favorezca la regulación de la actividad, garantice condiciones equitativas entre competidores y promueva un turismo de alta calidad.
Es notable que la región cuenta actualmente con 15.309 VUT, las cuales ofrecen 50.675 plazas. Esta cifra ha experimentado una reducción del 17,5% en comparación con los datos de 2025, según informaciones del Instituto Nacional de Estadística (INE). La presión ejercida por las VUT sobre el mercado residencial es mínima, alcanzando solo el 0,52% del total.
En este contexto, la Comunidad de Madrid ha incrementado la frecuencia y rigor de las inspecciones y sanciones, resultando en un número superior de bajas de viviendas turísticas. En 2024, se retiraron 1.153 VUT del registro, mientras que en 2025 la cifra ascendió a 3.053, lo que representa un aumento del 164,8%. Los primeros meses de 2026 ya han visto la baja de 341 viviendas adicionales.
El número de inspecciones también ha aumentado significativamente, pasando de 481 en 2024 a 588 en 2025, lo que equivale a un aumento del 22,3%. El porcentaje de sanciones resultantes de estas inspecciones se situó en un 90% en 2024 y un 85,71% en 2025, indicando un control bastante efectivo en los procedimientos de inspección.
En total, las sanciones impuestas por la Comunidad de Madrid en los últimos dos años en relación con las viviendas de uso turístico ascienden a cerca de medio millón de euros, como resultado de la labor inspectoría de la Dirección General de Turismo y Hostelería.
El consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Mariano de Paco, ha subrayado la importancia de estos datos para evidenciar la determinación de la Comunidad de Madrid en asegurar el cumplimiento normativo, proteger a los usuarios y promover un desarrollo turístico ordenado en la región.
Además, ha expresado su crítica hacia la normativa estatal vigente, sugiriendo que podría considerarse la posibilidad de convertir alquileres tradicionales en usos recreativos, lo que ocasiona una competición desleal y una distorsión en el mercado. Según el consejero, esta situación dificulta las tareas de control y socava el objetivo original de los alquileres de temporada, y ha culpado al Gobierno de Pedro Sánchez de trasladar estos inconvenientes al ámbito local y autonómico.