La Comunidad de Madrid estudia acciones judiciales contra las plazas de menores migrantes asignadas por el Gobierno

La Comunidad de Madrid ha anunciado que analizará la vía judicial para impugnar las nuevas plazas de acogida para menores migrantes no acompañados, consideradas ilegales por el Ejecutivo regional. La actualización, que suma 2.471 plazas en la región, no pasó por la conferencia sectorial, lo que genera dudas sobre su legalidad. La decisión responde a la percepción de que el Gobierno central ha actuado de forma unilateral, saltándose los instrumentos de colaboración existentes. La distribución de cupos en el mapa estatal sitúa a Madrid en tercer lugar, con un volumen importante de plazas, tras Andalucía y Cataluña. La polémica se enmarca en el enfrentamiento político entre la Comunidad y el Gobierno central, que ha adoptado medidas que Madrid considera ilegítimas. La Administración regional busca defender sus competencias y garantizar un control adecuado en la gestión de menores migrantes. Este conflicto refleja las tensiones políticas que marcan la relación entre ambas administraciones en materia de migración y políticas sociales. En el contexto actual, la disputa podría tener repercusiones a nivel judicial y político, poniendo en cuestión la cooperación entre las administraciones en un asunto sensible y de gran impacto social.