La Comunidad de Madrid denuncia que el Anteproyecto de Integridad Pública favorece la opacidad y la corrupción

La Comunidad de Madrid ha presentado alegaciones contra el Anteproyecto de Ley de Integridad Pública, calificándolo como un posible facilitador de prácticas corruptas. La norma, que pretende sustituir la escritura pública notarial por un documento electrónico privado, genera preocupación por su impacto en los mecanismos de control existentes.

El Gobierno regional argumenta que la modificación desmantela herramientas clave de prevención, como el Registro de Titularidades Reales, que ayuda a detectar estructuras societarias opacas y combate el blanqueo de capitales. Además, advierte que la ley centraliza toda la lucha contra la corrupción en una agencia supuestamente independiente, pero que, en su opinión, podría estar controlada políticamente.

El rechazo de la Comunidad se enmarca en un contexto de tensión política con el Ejecutivo central, en medio de un debate sobre la transparencia y la lucha contra la corrupción. La oposición y diferentes colectivos profesionales también han expresado su preocupación por un posible aumento de la burocracia y la inseguridad jurídica que estas medidas podrían acarrear.

Desde el ámbito legal, expertos y órganos como la Comisión General de Codificación advierten que la norma podría reducir los controles existentes, favoreciendo prácticas ilícitas. La polémica refleja el enfrentamiento entre diferentes visiones sobre la regulación y el control en la gestión pública y privada.

De cara al futuro, la aprobación definitiva de la ley podría profundizar en la polarización política, además de impactar en la confianza institucional y en la efectividad de los mecanismos anticorrupción en España. La comunidad madrileña continúa defendiendo un marco legal que garantice mayor transparencia y seguridad jurídica.