En un movimiento que ha generado cierta controversia, el anuncio del Gobierno de la Comunidad de Madrid sobre el programa estatal María Goyri llega tan solo un día después de que la ministra del área, Diana Morant, exhortara a la Comunidad a unirse a la iniciativa antes de que expirase el plazo establecido.

Según informaciones proporcionadas este martes a Europa Press por fuentes cercanas a la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades, liderada por Emilio Viciana, el Ejecutivo regional está en las etapas finales para la firma de un convenio que pretende crear nuevas plazas de profesores ayudantes de doctor en las universidades públicas madrileñas. Sin embargo, esta propuesta será adaptada a la situación específica de los centros educativos en la comunidad.

La finalidad de esta acción es la de rejuvenecer y estabilizar las plantillas de profesorado universitario, con la creación potencial de hasta 1.100 nuevas plazas. Cabe mencionar que el 60% del financiamiento para estas nuevas plazas será proporcionado por el Gobierno central durante los primeros seis años, mientras que la Comunidad de Madrid se hará cargo del 40% restante. A partir del séptimo año, el Gobierno regional asumirá la totalidad de las contrataciones, comprometiéndose a destinar anualmente 17,5 millones de euros para este fin a partir de 2025.

Este anuncio resulta ser un giro significativo, justo un día después de que el Ministerio de Ciencia y Universidades revelara que todas las comunidades autónomas, excepto Madrid, ya se habían sumado al programa. En una carta enviada al Gobierno regional, Morant había urgido a la Comunidad a reconsiderar su postura ante la posibilidad de perder 169 millones de euros en financiamiento, haciendo hincapié en que el plazo para unirse al programa culminaba el jueves.

No obstante, desde la Consejería han expresado su preocupación por el enfoque propuesto, afirmando que el texto del convenio “impone contratar con este programa a una única figura docente, la de profesor ayudante doctor, que no soluciona los problemas de plantilla e incide en la temporalidad que se busca erradicar”.

Adicionalmente, los responsables de la Consejería advirtieron que esta obligatoriedad podría generar complicaciones legales a futuro, al priorizar la estabilización de dicha figura sobre otras categorías académicas, como los profesores titulares o permanentes laborales.

Los críticos de este convenio también han señalado que su redacción incluye numerosas alusiones ideológicas que carecen de valor jurídico, tal como se menciona la “oportunidad histórica” que, según afirman, la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) plantea.

Por todas estas razones, el Gobierno de la Comunidad de Madrid se encuentra en proceso de elaborar una propuesta alternativa al acuerdo, la cual será presentada al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades con el objetivo de que todas las partes firmen lo más pronto posible.