La Comunidad asume el coste de 660 millones para construir la Ciudad de la Justicia, finalización prevista en 2030.

La Comunidad asume el coste de 660 millones para construir la Ciudad de la Justicia, finalización prevista en 2030.

El Gobierno de la Comunidad de Madrid, liderado por Isabel Díaz Ayuso, financiará directamente la construcción de la Ciudad de la Justicia en Valdebebas, con un coste de 660 millones de euros. El proyecto se llevará a cabo en diferentes fases y se espera que esté finalizado en 2030.

Hace tres años, el Ejecutivo regional decidió retomar la idea de agrupar las sedes judiciales después de recibir la autorización del Tribunal Supremo. La intención era corregir los errores de los intentos fallidos de los expresidentes Esperanza Aguirre e Ignacio González. La Comunidad optó por un modelo de concesión, pero la licitación quedó desierta debido a la situación económica actual.

Después de un período de análisis, el Gobierno madrileño ha decidido asumir el coste directamente a través de los Presupuestos Regionales. De esta manera, será propietario de las instalaciones y obtendrá los ingresos de los servicios adicionales. Además de reunificar las 28 sedes judiciales dispersas por la ciudad de Madrid, se espera un ahorro del 40% en costes.

El proyecto contempla una superficie de 236.475 metros cuadrados sobre rasante y 198.711 metros cuadrados bajo rasante, distribuidos en varios edificios. Entre ellos, se encontrarán las nuevas sedes del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, la Audiencia Provincial de Madrid y un centenar de juzgados de Primera Instancia.

El Gobierno regional ya está redactando el anteproyecto de obras y se espera que la primera fase, que incluye la urbanización perimetral y la construcción de cuatro edificios, comience a principios de 2025. Durante esta fase, se trasladarán al complejo el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y la Audiencia Provincial de Madrid.

En la siguiente fase se levantarán dos edificios para el resto del Orden Civil y en las fases 3 y 4 se completarán los edificios para Penal y otros espacios como Fiscalía y Archivo Judicial Territorial. El proyecto contará con conexiones de transporte público y se espera que albergue a 374 órganos jurisdiccionales y unas 33.000 personas diarias entre empleados y profesionales de la justicia y ciudadanos.

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