• jueves 23 de marzo del 2023
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La comisión de estudio sobre bandas violentas comienza el día de hoy con la declaración de una subinspectora especialista en el tema

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MADRID, 7 Oct.

La comisión de estudio para emprender el fenómeno de las bandas juveniles violentas aprobada meses atrás por la Asamblea de Madrid empezará este viernes sus sesiones con la declaración de una subinspectora de la Policía Nacional María Pilar Alvarado Ballesteros, especialista en este asunto.

También fueron convocados Samuel Vázquez Álvarez, presidente de la asociación 'Una Policía para el Siglo XXI' a solicitud del Grupo Parlamentario Vox; y María Oliver Torres, en calidad de especialista, a solicitud del Grupo Parlamentario Unidas Podemos, los tres al objeto de reportar sobre prevención y erradicación de las bandas juveniles.

La comisión de estudio está encabezada la miembro del congreso de los diputados del PP María del Mar Nicolás. En el orden del día de mañana asimismo hace aparición la designación de la vicepresidente de la comisión, que en un comienzo había recaído en la miembro del congreso de los diputados de Más Madrid Raquel Huerta. La Secretaría asimismo la encabeza una miembro del congreso de los diputados del PP Elisa Adela Vigil.

Esta comisión fue concebida por el PP, apoyada por Vox, con el propósito de investigar el fenómeno de la crueldad juvenil y en especial de las bandas y con el que desea producir "un espacio de reflexión" para terminar con "este inconveniente". Lo logró en el tercer mes del año, unas semanas tras el asesinato exactamente el mismo día de un chaval de 15 años y un joven de 22 en las calles de Madrid por escaramuzas entre bandas latinas.

El Grupo Parlamentario Popular esgrimió en su instante que "el apogeo de las bandas juveniles violentas es un inconveniente que preocupa a una enorme mayoría de los madrileños y en especial a las familias". Por eso, comprendían que la Asamblea de Madrid "es el sitio en el que se puede contribuir y emprender este fenómeno, investigar su origen, las secuelas y de qué manera terminar a ello, con la participación de todos esos actores comprometidos".

En cambio, Más Madrid y Unidas Podemos votaron en oposición a esta comisión de estudios, al tiempo que el PSOE se abstuvo. El diputado de UP Serigne Mbayè señaló que la primordial causa de crueldad juvenil es "la desigualdad". "Esta iniciativa está destinada a estigmatizar a los inmigrantes de segunda generación que son tan españoles como los que nos encontramos aquí", lanzó.

El parlamentario del PSOE José Luis García criticó el ámbito de inseguridad que sugieren los 'populares' al arrancar esta comisión y estimó que desean "sacar unos teóricos intereses electorales a costa del temor en la multitud", lo que tachó "de poco responsable y reprochable".

La miembro del congreso de los diputados de Más Madrid Tania Sánchez criticó que el Gobierno regional "no hace nada" en el momento en que tiene la aptitud de intervenir este inconveniente" y lo que hace es una comisión "para divertir". El diputado de Vox Ignacio Arias, por su lado, dio las merced al PP por, con esta comisión, "arrimarse" al alegato de su partido en el momento en que charlaban de asegurar la seguridad de los madrileños. "Hasta la actualidad siempre y en todo momento se habían mantenido en el consenso 'progre' que negaba esta situación", ha dicho.

A lo largo de los últimos meses la problemática de las bandas no solo ha decaído, sino se ha aumentado, con un nuevo delito en primavera y varios heridos de distintas cuenta en multitud de escaramuzas. A esto se le suma el homicidio a tiros la madrugada del lunes a las puertas de una disco de Fuenlabrada, que todo apunta a un enfrentamiento entre pandillas oponentes. El delito de la noche previo en Alcorcón, asimismo ingreses jóvenes y a tiros, semeja que no debe ver con esta etiología, conforme han correcto a Europa Press fuentes de la policía.

Sea como fuere, el Plan Antibandas que puso en marcha el diez de febrero la Delegación del Gobierno en Madrid para contener y impedir este género de hechos, en el que trabajan 500 policías nacionales y prácticamente 300 guardas civiles, dejó en prácticamente 8 meses de duración 66.000 personas identificadas y 770 detenidos.

De hecho, la encargada del Gobierno, Mercedes González, dijo esta semana espera que la Comisión de estudio de la Asamblea recoja que todas y cada una de las gestiones se impliquen para impedir y agarrar esta problemática.

"Espero que ayuda a fin de que nos demos cuenta en lo que venimos diciendo hace un años, en el momento en que comenzamos a conocer que las bandas cogían cuerpo. Y a fin de que todas y cada una de las instituciones implicadas nos demos cuenta que debemos accionar desde distintos componentes. Antes de que las Fuerzas de Seguridad deban accionar, hacen falta políticas de integración popular, de educación y prevención a fin de que todos trabajemos de la mano. Espero que con la comisión nos demos cuenta de esta situación, que la Policía actúa en el momento en que brincan todas y cada una de las señales de alarma y que otras gestiones deben trabajar", esgrimió.

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