MADRID, 19 de diciembre.

La Asamblea de Madrid se prepara para clausurar sus sesiones este viernes, iniciando así un receso navideño que se extenderá hasta febrero. En esta última jornada, se llevarán a cabo la aprobación de los Presupuestos Regionales para el año 2025, así como la discusión y votación de dos importantes leyes: una proposición destinada a la mejora de la gestión en los ámbitos local y autonómico y un Proyecto de Ley enfocado en lograr un desarrollo equilibrado en cuestiones medioambientales y de ordenación del territorio.

El agenda de este viernes incluye dos plenos. En primer lugar, se realizará un pleno ordinario donde se someterán a votación las Cuentas Regionales del año 2025, tras un debate sobre enmiendas que tuvo lugar el jueves. Posteriormente, se celebrará un pleno extraordinario que dará paso a la discusión de las dos leyes mencionadas, las cuales, según las proyecciones, serán aprobadas gracias a la mayoría absoluta que ostenta el Partido Popular (PP).

Entre las iniciativas propuestas, la ley de mejora de la gestión local y autonómica, impulsada por el Grupo Parlamentario Popular, ha encontrado resistencia por parte de la izquierda, particularmente por su disposición de suprimir el Consejo de la Juventud de la Comunidad de Madrid (CJCM). Esta propuesta contempla la creación de un organismo nuevo, dependiente de la Comunidad, que asuma funciones similares a las del CJCM.

El CJCM se ha consolidado como un foro de participación que integra más de 40 entidades juveniles de diversas naturalezas, incluyendo organizaciones de educación no formal, entidades sociales, secciones juveniles de partidos políticos y sindicatos, así como grupos feministas y ecologistas, tal y como se detalla en su página oficial.

Además de la controversia respecto al CJCM, la propuesta de mejora introduce modificaciones en varias normativas, entre ellas la Ley de Ordenación y Coordinación de los Transportes Urbanos, la Ley de Administración Local, y la Ley de Adaptación del Régimen Local de la Comunidad de Madrid a la Ley 27/2013, enfocada en la racionalización y sostenibilidad de la administración local.

Entre las innovaciones planteadas, se incluyen ajustes en la Función Pública y en las normativas de Patrimonio de la Comunidad de Madrid, así como en las Leyes de Medidas Fiscales y Administrativas. La ley también prevé cambios en la Comisión de Transparencia y Participación, además de en la Ley Ómnibus de 2022, la cual se refiere a acciones urgentes para estimular la actividad económica.

En lo que respecta al transporte urbano, se clarificará el rol de las Mancomunidades en su gestión. Asimismo, respecto al régimen local, se establecerá un procedimiento para elaborar informes que verifiquen la ausencia de duplicidades en la gestión administrativa.

Adicionalmente, se realizarán ajustes en el Programa de Inversiones Regional (PIR), priorizando aquellos proyectos que corresponden exclusivamente a competencias locales, eliminando la exención de cofinanciación para los municipios de menos de 2.500 habitantes.

La modificación de la Ley de Función Pública contempla la creación de un Cuerpo de Inspectores de Servicios Sociales, cuya tarea será planear, gestionar y ejecutar la función inspectora de los centros y servicios sociales en la región.

Por otro lado, en lo que respecta a la Ley de Patrimonio, se implementarán algunas modificaciones sobre el arrendamiento de inmuebles de la Comunidad. La reforma en la Agencia para la Administración Digital fortalecerá su vinculación con la Consejería de Digitalización, al tiempo que se establecerá un vicepresidente en el Tribunal Administrativo de Contratación Pública y se asignarán determinadas funciones al Consejo de Transparencia y Protección de Datos.

En cuanto al Proyecto de Ley para un desarrollo equilibrado en medio ambiente y ordenación del territorio, este busca continuar la implementación de "reformas estructurales" promovidas por el Ejecutivo. Tal como ha expresado el consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad, Carlos Novillo, se pretende facilitar "el desarrollo económico y la ejecución de proyectos urbanos", al mismo tiempo que se responden a diversos problemas identificados durante años de gestión.

El Gobierno regional sostiene que esta iniciativa representa una "actualización, racionalización y simplificación de la normativa" en materia medioambiental, territorial y urbanística de la Comunidad de Madrid.

Específicamente, se busca "impulsar el desarrollo de grandes proyectos" y "acelerar la edificabilidad", permitiendo que las licencias puedan ser solicitadas desde el inicio de la reparcelación, lo que implica un adelanto significativo en los plazos de ejecución.

La reforma también tiene como objetivo optimizar los trámites urbanísticos a nivel municipal, permitiendo a las administraciones locales avanzar en la planificación mientras se trabaja en una reforma integral de la Ley del Suelo, actualmente en proyecto.

En lo que respecta a la agricultura y ganadería, se prevé la reducción de autorizaciones urbanísticas y la modernización de los regadíos, lo que se traduce en un ahorro de agua y una mejora en la rentabilidad de las explotaciones agrícolas. Además, se permitirá una mayor diversidad de usos y actividades en suelo rural, incluyendo la venta de productos agroalimentarios en las propias instalaciones para asegurar una mayor competitividad.

Finalmente, la nueva reforma legislativa también busca promover la instalación de Centros de Procesamiento de Datos en Suelo Urbanizable No Sectorizado, mediante un Proyecto de Actuación Especial que facilitará los plazos de tramitación.

Por último, en relación con el uso del agua, la ley agiliza el proceso de aprobación de proyectos relacionados con infraestructuras hídricas, con el objetivo de asegurar la continuidad en la prestación de servicios públicos vinculados a la gestión del ciclo del agua.