MADRID, 16 Mar.

El Pleno de la Asamblea de Madrid aprobará mañana de manera previsible, con los votos de PP y Vox, el Proyecto de Ley de Patrimonio de la Comunidad de Madrid, que podría acorazar el Valle de los Caídos en frente de la Ley de Memoria Democrática.

Se trata, según defendieron desde le Gobierno regional, de un artículo que "actualiza el régimen legal vigente desde 2013 para remarcar la protección del patrimonio y asegurar la correcta conservación y difusión de sus recursos".

Asimismo, han argumentado que "no se restringe a pequeños cambios legales sobre el que existe sino configura un nuevo régimen legal que tiene dentro las últimas tendencias en temas de bien común y que actualiza los instrumentos de protección". Amplía la noción de bien común, fortalece su función de cohesión popular y también introduce la regulación sobre los llamados nuevos patrimonios: inmaterial, industrial, etnográfico, científico y tecnológico.

En este sentido, en el etnográficos se tienen dentro "todos y cada uno de los recursos muebles, inmuebles, inmateriales, espacios o elementos que formen testimonio y expresión significativos de la identidad, la civilización y las maneras de vida habituales de la Comunidad".

A partir de esa descripción, el Proyecto de Ley incluye en su producto 73c como recursos del patrimonio etnográfico "la arquitectura religiosa, introduciendo los calvarios habituales y las cruces, tal como los elementos ornamentales y recursos muebles relacionados de forma directa con el bien familiar a resguardar". Esa mención a la protección de las cruces podría aplicarse a la Cruz del Valle de los Caídos, situada en San Lorenzo de El Escorial y gestionada por Patrimonio Nacional, si bien la última palabra seria de los profesionales.

Vox en varias oportunidades ha solicitado que el Valle de los Caídos sea proclamado bien de interés cultural (BIC)y registró múltiples Proposiciones No de Ley en este sentido. Se trata de una figura jurídica de protección familiar, para blindarlo en frente de la ley de Memoria Democrática, que piensan una "barbarie totalitaria" que amenaza al recinto.

Para los de Rocío Monasterio la ley es un ejercicio de "rencor, opresión y revanchismo" apoyado en "declaraciones falsas" para transformar la memoria "de los partidos que sostienen el presente Gobierno" en "política oficial del Estado".

En este penúltimo pleno antes de la campaña electoral se votarán asimismo las leyes del Ejecutivo autonómico de Archivos y Documentos de la Comunidad de Madrid y la del libro, la lectura y el patrimonio bibliográfico.

Se discutirán asimismo 4 Proposiciones No de Ley (PNL) sobre la reducción de la jornada de trabajo, eliminar el gasto público dirigido a subvencionar a sindicatos y la patronal, la creación de una Consejería concreta de Industria y realizar una reforma fiscal integral apuntada la sostenibilidad.

Además, comparecerá la consejera de Familia, Juventud y Política Social, Concepción Dancausa, para hablar sobre sus políticas de envejecimiento activo y saludable en la zona y el asesor de Transportes, David Pérez, sobre su administración.

Como es frecuente, la Sesión de Control al Gobierno empezará a las diez horas con el interrogante de la representante de Unidas Podemos, Alejandra Jacinto, a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, sobre si piensa que las viviendas de personas mayores tiene elementos suficientes para la adecuada atención de la gente a las que atienden.

A continuación, la representante de Vox, Rocío Monasterio, deseará saber sus políticas para beneficiar el desarrollo de las compañías, al tiempo que el representante del PSOE, Juan Lobato, lo va a hacer en relación al cumplimiento de sus propósitos de la Legislatura

La representante de Más Madrid, Mónica García, le va a preguntar por sus primordiales intranquilidades en esta Legislatura y el representante del PP, Pedro Muñoz Abrines, le solicitará un cómputo de la política de vivienda de la Comunidad de Madrid.

El resto de cuestiones dirigidas a los consejeros van a tratar cuestiones sobre las universidades públicas, infraestructuras educativas, la Ciudad de la Justicia, situación de la vivienda, el ingreso al empleo de la gente con discapacidad, medidas para el desarrollo de la inversión y tácticas de digitalización.