La jueza Isabel Durante, a cargo del Juzgado de Instrucción número 3 de Madrid, ha tomado la decisión de no agrupar varias denuncias que fueron presentadas ante diferentes tribunales en relación a la aplicación de los Protocolos de No Derivación Hospitalaria durante la crisis sanitaria del coronavirus. Esta medida ha sido recibida con interés por los medios de comunicación y por la sociedad en general.

Según se ha podido conocer a través de documentaciones obtenidas por Europa Press, la magistrada ha determinado que cada denuncia siga su curso de manera separada en el tribunal correspondiente. En un auto adicional, Durante ha autorizado la participación del PSOE y Podemos como acusación popular en el proceso que se encuentra en investigación.

La jueza debía pronunciarse respecto a la petición de la Fiscalía de Madrid y de Mareas de Residencias, quienes solicitaban que se consolidaran en un único procedimiento diversas denuncias que están siendo tratadas en juzgados de Madrid, Leganés, Navalcarnero y Collado Villalba. En estas denuncias se incluyen como investigados a Carlos Mur, exdirector general de Coordinación Sociosanitaria; a Francisco Javier Martínez Peromingo, quien ocupó el cargo tras Mur; y a Antonio Burgueño, exasesor sanitario del gobierno regional.

Las querellas abarcan también a altos funcionarios, incluyendo a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y al exconsejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, así como a directores de residencias donde se registraron fallecimientos durante la pandemia.

La magistrada ha expuesto que, aunque existen coincidencias entre los investigados, cada uno de los casos involucra circunstancias y víctimas diferentes. Cada uno de estos procedimientos trata situaciones asistenciales únicas, y los posibles responsables involucrados, tales como geriátras y personal médico, varían en cada caso.

Durante ha argumentado que la evaluación de la posible existencia de un delito de denegación discriminatoria de asistencia, conforme a lo estipulado en el artículo 511 del Código Penal, debe ser ajustada a la revisión de si cada uno de los denunciantes recibió la atención adecuada en base a su situación particular, que incluye su edad, diagnósticos y otros factores relevantes.

La jueza ha subrayado la importancia de investigar en detalle cada situación para determinar si efectivamente se produjo una discriminación en la atención sanitaria, lo que justifica la indicación de llevar a cabo las investigaciones de manera independiente y rechazar la unificación de los procedimientos solicitada.

Dentro de la causa, se están examinando las acciones de Carlos Mur, Francisco Javier Martínez Peromingo y Antonio Burgueño, acusados de la presunta violación del artículo 511 del Código Penal por negación discriminatoria de asistencia sanitaria.

En el mes de junio, un juez de Leganés acordó enviar a Madrid otro caso relacionado con muertes en residencias, en virtud de la solicitud de Martínez Peromingo, quien es investigado por el tratamiento presuntamente discriminatorio que se dio en la atención a las residencias durante la pandemia.

En el marco de este proceso en Madrid, se ha presentado como testigo el exconsejero Alberto Reyero, quien ha criticado la actuación del gobierno regional al implementar los protocolos que, en su opinión, resultaron en un trato “indigno” hacia los mayores. En Leganés, Reyero y el director de HM Hospitales, Juan Abarca, también fueron llamados a testificar, aunque las declaraciones de Burgueño fueron suspendidas bajo la posibilidad de que se convirtiera en imputado tras reconocer que fue designado como mando único sanitario durante la crisis.