En un desarrollo preocupante para la política local de Morata de Tajuña, el Tribunal de Instancia en Arganda del Rey ha cerrado una investigación penal que afecta al alcalde Fernando Villalain González. Este procedimiento judicial se centra en presuntas irregularidades relacionadas con un delito de prevaricación administrativa, específicamente vinculado a la gestión de un proyecto de gradería desmontable en la municipalidad.

Según un documento judicial, al que ha tenido acceso Europa Press, se ha decidido avanzar en la causa penal a través de un procedimiento abreviado, dado que los actos investigados podrían tipificarse como un delito de prevaricación administrativa. La delicada situación pone en cuestión la conducta del alcalde y el manejo de fondos públicos en este proyecto.

El Pleno del Ayuntamiento, en una sesión celebrada el 5 de abril de 2024, aprobó el presupuesto del año que incluía modificaciones que superaban los 480.000 euros. Estos fondos estaban destinados a la instalación de la gradería desmontable en un espacio multiusos, un acuerdo que fue hecho público a través del Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid.

La contratación de este servicio fue gestionada mediante un proceso de convocatoria pública, donde la única empresa licitadora, Plazas de Toros Ocón S.L., se adjudicó el contrato por un total de 390.710 euros, sin incluir IVA. La formalización de este contrato se llevó a cabo el 3 de junio de 2024, con un plazo estimado de ejecución de tres meses.

No obstante, el auto judicial revela que la gradería fue instalada y utilizada durante las fiestas locales entre el 9 y el 15 de septiembre de 2024 sin contar con un proyecto de ejecución aprobado. A marzo de 2025, este proyecto seguía sin ser aprobado, lo que plantea serias dudas sobre la regularidad del proceso.

Los informes del arquitecto municipal también son significativos, ya que este profesional alegó haber emitido alertas sobre incumplimientos durante la obra y que fue excluido de la supervisión del proyecto. De hecho, existen documentos que evidencian que la instalación no cumplía con los requisitos exigidos, siendo uno de ellos emitido el 2 de octubre de 2024.

La magistrada a cargo del caso ha señalado que hay suficientes indicios para considerar que el alcalde pueda haber incurrido en prevaricación administrativa, un delito que se encuentra tipificado en el artículo 404 del Código Penal. Esto profundiza aún más las preocupaciones sobre la ética en el gobierno local.

Ante esta situación, el juez ha trasladado las actuaciones al Ministerio Fiscal y a las acusaciones particulares. Éstas tienen un plazo de diez días para presentar un escrito acusador que solicite la apertura de juicio oral, o bien, para solicitar el archivo del caso.