En una nueva vuelta de tuerca en la investigación que rodea a la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, el juez encargado del caso ha convocado a declarar a Cristina Álvarez, asesora de Moncloa que, según han revelado correos incluidos en el expediente judicial, estuvo involucrada en diligencias relacionadas con la Universidad Complutense de Madrid (UCM) en el periodo en que Gómez co-dirigía un máster. Esta citación se establece como parte de una serie de acciones legales en torno a presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción.

El magistrado Juan Carlos Peinado, a quien Europa Press ha tenido acceso, fijó la declaración de Álvarez para el 20 de diciembre a las 11.30 horas. La asesora deberá comparecer ante el juzgado y responder a las preguntas de manera veraz, en un acto que resalta la seriedad de las acusaciones que pesan sobre la primera dama española.

Las acusaciones, representadas por entidades como Vox y Manos Limpias, han puesto de manifiesto los testimonios del ex vicerrector de la UCM, Juan Carlos Doadrio, quien en su declaración mencionó que Álvarez era quien acompañaba a Gómez en sus visitas a la universidad. Estas revelaciones han llevado a los demandantes a solicitar al juez su comparecencia en el marco de la investigación, que también incluye delitos como la apropiación indebida de marcas y el intrusismo profesional.

El juez ha accedido a dicha solicitud después de que la defensa de Gómez, representada por el exministro socialista Antonio Camacho, presentara correos electrónicos que demostrarían la implicación activa de Álvarez en gestiones relacionadas con la UCM durante el periodo en que la esposa de Pedro Sánchez ocupaba un puesto en el centro de estudios. Este hecho añade un nuevo nivel de complejidad al caso, sugiriendo una relación más estrecha de lo que se había admitido previamente.

En uno de los correos recuperados, que han sido revelados por Europa Press, María Jesús Morillo y Mercedes Vaquero, miembros de la Oficina de Transparencia de Resultados de Investigación de la Complutense, se comunican con Álvarez para instruirle sobre el registro del dominio web del máster, subrayando la colaboración estrecha entre las partes involucradas. El mensaje, fechado el 6 de octubre de 2022, incluye información sobre un modelo de contrato que aseguraría la titularidad de la obra a la UCM.

Además, este correo fue enviado también a Begoña Gómez y a Blanca de Juan de Castro, coordinadora del máster en cuestión, lo que pone de relieve la implicación de Gómez en el proceso administrativo del proyecto académico. Se destaca un correo anterior del 7 de septiembre que incluía un formulario necesario para registrar la página web en el Registro Territorial de la Propiedad Intelectual, apuntando a una colaboración organizada.

En lo que respecta a la identidad de Álvarez en el contexto de la investigación, se ha observado que, aunque aparece en algunos correos electrónicos con una dirección personal, también firme con un correo oficial de la Presidencia del Gobierno, donde se le atribuye el cargo de directora de programas de la Secretaría General de Presidencia. Este detalle sugiere que su rol en el asunto no solo es periférico, sino esencial para entender la dinámica de poder en juego.

Se destaca que Álvarez no solo comunicó a la aseguradora Reale el interés de Begoña Gómez para que continuara patrocinando la Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva, sino que también estuvo integrada en gestiones directamente relacionadas con la UCM. Esto ha levantado sospechas sobre el uso de contactos privilegiados para enriquecer intereses personales y profesionales, lo que está bajo el escrutinio del juez.

Adicionalmente, entre los correos presentados por la defensa, se incluye uno de María José Sánchez Rosales, de la Gerencia de la Escuela de Gobierno de la UCM, dirigido a Gómez, Álvarez y otros codirectores del máster. En este mensaje, fechado el 24 de abril de 2023, se menciona que el pliego de prescripciones técnicas debe ser firmado por Begoña, lo que refuerza la noción de que la esposa del presidente enfrentará interrogantes severos sobre sus prácticas laborales.

La defensa de Gómez ha hecho uso de estos correos para instar al juez a citar como testigos a las miembros de la OTRI y a Sánchez Rosales. Sin embargo, hasta el momento, el magistrado no se ha pronunciado sobre esta solicitud, lo que mantiene el ambiente de incertidumbre en el caso y deja abierta la puerta a futuras revelaciones que podrían complicar más la situación para la esposa del presidente.