En Madrid, a fecha 10 de diciembre, la situación en torno a las decisiones tomadas durante la pandemia continua generando controversia. El juez de Instrucción 2 de Collado Villalba ha exigido a un ex alto funcionario de la Comunidad de Madrid que presente los correos electrónicos donde alertó al ex director General de Coordinación Socio-Sanitaria sobre la supuesta "discriminación" de los protocolos de derivación hospitalaria aplicados en residencias.

En esta jornada, Carlos Mur, quien estuvo al cargo de las ambulancias durante la crisis sanitaria, Pablo Busca y Francisco Javier Martínez Peromingo, considerado el artífice de estos protocolos, debían comparecer como investigados. La investigación se centra en la posible negación de atención sanitaria a ancianos en residencias durante la primera oleada del COVID-19.

Este procedimiento judicial se inició a raíz del fallecimiento de una residente en Sanitas Torrelodones, y también involucra a los geriatras de enlace del Hospital Puerta de Hierro y del Gregorio Marañón, que están bajo investigación en este caso.

Como ocurrió en fechas recientes, tanto Carlos Mur como Pablo Busca no se presentaron a la cita judicial. La abogada que representa a las familias afectadas ha indicado que solicitará que se emita una orden de búsqueda y captura contra aquellos que intenten esquivar la justicia.

Por otro lado, el único ex alto cargo que sí ha comparecido ante el magistrado ha sido Francisco Javier Martínez Peromingo. Este insistió en su declaración sobre la naturaleza "discriminatoria" de los protocolos enviados a los geriatras en marzo de 2020, afirmando que había notificado estos problemas de manera reiterada a Carlos Mur a través de correos y mensajes de WhatsApp.

En respuesta a esta situación, el juez ha requerido a Martínez Peromingo que presente las comunicaciones que pueden respaldar su afirmación. Tal documentación podría servir como prueba en su defensa ante las acusaciones que enfrenta.