Crónica Madrid.

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Juez del 'caso Begoña' solicita a Moncloa datos sobre su personal.

Juez del 'caso Begoña' solicita a Moncloa datos sobre su personal.

El juez encargado de la investigación sobre Begoña Gómez, la esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha formulado un requerimiento a la Presidencia del Gobierno para que se le facilite la "relación de puestos de trabajo de los distintos trabajadores y asesores que desempeñan sus labores en el Palacio de la Moncloa". Esta solicitud se ha hecho pública a través de una providencia, de la cual ha tenido acceso Europa Press.

El magistrado del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, toma esta decisión justo una semana antes de que Gómez deba comparecer ante el tribunal para declarar sobre la investigación en su contra. Esta pesquisa se centra en supuestos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida e intrusismo, lo que marca un nuevo capítulo en la controversia que rodea a la administración actual.

La diligencia del juez coincide con la citación de Cristina Álvarez, una asesora de Moncloa, quien deberá comparecer como testigo el próximo 20 de diciembre. Según evidencia presentada en correos electrónicos incluidos en el expediente judicial, Álvarez tuvo un papel activo en gestiones relacionadas con la Universidad Complutense de Madrid (UCM), época en la que Begoña Gómez co-dirigía un máster en dicha institución.

En uno de los correos electrónicos revisados por Europa Press, se revela que María Jesús Morillo y Mercedes Vaquero, integrantes de la Oficina de Transparencia de Resultados de Investigación (OTRI) de la Complutense, se dirigieron a Álvarez para asesorarla sobre el registro del dominio de la página web del máster que dirigía Gómez.

El correo, fechado el 6 de octubre de 2022, incluye el ofrecimiento de un modelo de "contrato de cesión de derechos" a la UCM, enfatizando que la titularidad del trabajo debía ser completamente de la universidad, dado que contaba con la colaboración de su personal. Estas comunicaciones revelan la interacción entre las instituciones académicas y la administración pública, sugiriendo un patrón de vínculos que podrían ser cuestionados en un contexto jurídico.

El mencionado correo también fue enviado a Begoña Gómez y a Blanca de Juan de Castro, coordinadora del Máster en Transformación Social Competitiva. Además, se hace referencia a un mensaje anterior, del 7 de septiembre, donde se adjuntó un formulario que debía aplicarse para el registro de la página web ante el Registro Territorial de la Propiedad Intelectual.

A pesar de que Álvarez fue incluida en copia a través de una cuenta personal, en la cadena de correos que figura en el sumario, se encuentra una dirección oficial de Presidencia del Gobierno, donde firma como directora de proyectos de la Secretaría General de Presidencia, lo que plantea interrogantes sobre la legitimidad de su implicación en el asunto.

Adicionalmente, otros correos obtenidos en el sumario indican que Álvarez también comunicó a la aseguradora Reale el interés de Begoña Gómez en que esta empresa continuara patrocinando la Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva, que estaba bajo su dirección.

Como parte de esta investigación, el juez ha solicitado a la OTRI de la UCM que aporte cualquier expediente de inscripción registrado relacionado con la mencionada cátedra. Asimismo, ha requerido al exvicerrector de la UCM, Juan Carlos Doadrio Villarejo, que presente la documentación pertinente sobre la cátedra en cuestión, concediéndole un "plazo de cinco días" para ello.

Respecto a la solicitud de la defensa de Begoña Gómez de citar a María José Sánchez Rosales, quien trabaja en la Gerencia de la Escuela de Gobierno de la UCM, el juez Peinado ha manifestado que decidirá sobre esta petición tras escuchar la declaración de la asesora de Moncloa que está prevista para el 20 de diciembre.

Es importante mencionar que el abogado de Begoña Gómez solicitó la testifical de Sánchez Rosales basándose en un correo enviado en abril de 2023, en el que afirmaba que "el pliego de prescripciones técnicas ha de firmarlo Begoña", lo que se relaciona directamente con el presunto delito de intrusismo que se investiga.