La reciente implementación del nuevo registro de viajeros, establecido en el Real Decreto 933/2021, ha desatado una ola de inquietud en el sector hotelero madrileño. La Asociación Empresarial Hotelera de Madrid (AEHM) ha manifestado su preocupación por lo que consideran una "incertidumbre jurídica" ocasionada por el decreto, además de señalar que el sistema presenta "fallos técnicos" que impiden su correcto funcionamiento.

Con la entrada en vigor de nuevas obligaciones de registro documental, tanto personas físicas como jurídicas dedicadas al hospedaje y alquiler de vehículos de motor se encuentran bajo el riesgo de enfrentar sanciones que podrían alcanzar los 30.000 euros en caso de incumplimiento. Esta normativa ha generado un ambiente de desconcierto, pues muchos empresarios aún están tratando de adaptarse a las exigencias establecidas.

Desde el Ministerio del Interior, se defiende que el proceso de elaboración y aprobación del decreto ha sido llevado a cabo con total transparencia y eficiencia, asegurando que se han involucrado a los responsables del sector en el desarrollo de la norma y que no se han impuesto cargas administrativas innecesarias. Sin embargo, la realidad sobre el terreno contrasta con estas afirmaciones optimistas.

Las empresas afectadas tienen la obligación de proporcionar información a través de la plataforma Ses.Hospedajes. A pesar de que esta plataforma estuvo disponible desde 2022, un número considerable de establecimientos ya se ha añadido, lo que incluye más de 61.000 hoteles y diversas plataformas y agencias de viajes. Aun así, se ha generado un volumen de registro que alcanza cifras millonarias de datos, lo que complementa una complejidad adicional en el cumplimiento de la normativa.

La AEHM ha señalado que había aspectos fundamentales que debieron ser solucionados antes de exigir el cumplimiento del decreto, como los nuevos modelos de parte de viajeros y las formas de transmisión telemática de datos. Las críticas han subrayado que, aunque el decreto promete adherirse a principios de seguridad jurídica, los problemas actuales no reflejan ese compromiso.

Además, la falta de claridad durante el periodo de adaptación ha multiplicado las dificultades para los miembros de la asociación. Esta precariedad también ha puesto bajo la lupa la privacidad de los clientes, lo que ha llevado a la AEHM a anunciar que presentarán alegaciones y no descartan acciones legales para proteger tanto su propio marco jurídico como el de sus clientes.

Los hoteleros han solicitado al Ministerio del Interior que escuche sus demandas adecuadamente y tome las medidas correctivas necesarias para resolver las problemática actuales, argumentando que es vital mantener un entorno normativo que equilibre los intereses de seguridad nacional con el desarrollo del sector turístico, crucial para la economía española.

Por su parte, Madrid Foro Empresarial ha criticado la nueva regulación, considerando que incrementa significativamente la burocracia tanto para turistas como para empresarios del sector turístico. Este aumento en la carga administrativa podría amenazar la competitividad de España, especialmente de Madrid, en el competitivo mercado de destinos internacionales.

Luciano Ochoa, coordinador de la Mesa de Turismo de Madrid Foro Empresarial, ha manifestado su preocupación sobre las posibles repercusiones económicas, advirtiendo que medidas como estas podrían desalentar la llegada de turistas, afectando gravemente diversas áreas de la economía, desde la hostelería hasta el comercio y el transporte.

El coordinador ha expresado que la iniciativa podría estar en un área gris de legalidad, señalando que se corre el riesgo de violar la Ley de Protección de Datos. Reiteró que los turistas no deberían estar obligados a compartir detalles sensibles, como el número de tarjeta de crédito o la identidad de sus acompañantes, dado que ya pasan por controles de pasaporte al entrar al país.

Este panorama ha llevado a Ochoa a criticar al Ministerio del Interior que defiende el registro de viajeros como una "medida necesaria" para la lucha contra el blanqueo de capitales y el terrorismo. No obstante, Madrid Foro Empresarial sostiene que esta justificación no puede servir para imponer carga burocrática que comprometa la competitividad de uno de los sectores más vitales del país.