Indignación ante las críticas de la Delegación del Gobierno sobre La Cantueña; reclaman recursos para CCAA y municipios

MADRID, 18 Nov.

La Delegación del Gobierno en Madrid ha informado recientemente al Ejecutivo regional sobre un incremento de 510 plazas en los centros temporales de acogida para migrantes que han sido trasladados desde Canarias, específicamente en las instalaciones de Carabanchel y Alcalá de Henares. Según las autoridades de la Comunidad, este aumento de capacidad, de 400 y 110 estancias respectivamente, complica aún más una situación de "saturación" que ya es crítica en la actualidad.

En un correo electrónico dirigido al consejero de Presidencia, Justicia y Administración local y portavoz del Gobierno autonómico, Miguel Ángel García Martín, el delegado de Gobierno en Madrid, Francisco Martín, fue objeto de la reacción de indiscutible "indignación" de García Martín. Este último hizo hincapié en su preocupación por la acumulación en lo que se ha denominado "macro-campamentos", que, de acuerdo con los cálculos del Gobierno regional, suman más de 3.210 plazas disponibles.

Los centros mencionados incluyen el Cuartel General Arteaga, situado en el barrio de Carabanchel y diseñado para albergar hasta 1.200 personas, junto con el acuartelamiento Primo de Rivera en Alcalá de Henares, con capacidad, por su parte, para 1.100 individuos; ambas instalaciones fueron cedidas por el Ministerio de Defensa para hacer frente al desbordamiento de las instalaciones en Canarias, que originalmente tenían este propósito.

El consejero García Martín ha instado al delegado del Gobierno a que le informe sobre el número total de plazas disponibles en estos centros y en el de refugiados de Pozuelo de Alarcón, así como el número de individuos que ya han sido atendidos desde la apertura de estos lugares.

En este contexto, García Martín ha calificado de "paradójico y cínico" que la Delegación del Gobierno cuestionara la apertura del centro de La Cantueña en Fuenlabrada, con una capacidad de 99 plazas que se ajusta a los requisitos legales establecidos. Este comentario se realiza en un momento en que el Gobierno de Pedro Sánchez sigue ampliando las plazas en estos macro-campamentos sin una planificación adecuada.

El consejero también ha solicitado información acerca de las acciones que el Gobierno central tiene planeado implementar para mitigar la "grave crisis migratoria" que se vive actualmente, particularmente en lo que concierne a la denominada ruta canaria y las actuaciones en el aeropuerto de Madrid-Barajas. Ha instado asimismo a alcanzar acuerdos con los países de origen y con la Unión Europea para establecer "medidas reales" que permitan un control adecuado de la inmigración irregular que ingresa al país.

En su mensaje al delegado del Gobierno, García Martín también planteó interrogantes sobre un reciente brote de intoxicación alimentaria en el Centro de Recepción, Atención y Derivación de Refugiados (CREADE) en Pozuelo de Alarcón, que afectó a al menos 142 personas. Inquirió sobre las medidas que el Ejecutivo central pretende implementar para prevenir que incidentes de esta naturaleza se repitan en el futuro.

Los orígenes de dicha intoxicación apuntan a "deficiencias significativas en la manipulación de alimentos" que fueron provistos por un servicio de catering externalizado. En respuesta a esta situación, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones indicó que se han reforzado las medidas relacionadas con la manipulación de alimentos, así como la revisión de los electrodomésticos y protocolos establecidos en el centro, garantizando que no ha habido nuevos incidentes.

García Martín ha criticado lo que denomina "caos migratorio" y la "falta de control y de medidas efectivas" que ha caracterizado al Gobierno central, subrayando que esta situación se ha prolongado en el tiempo y demandando que se doten a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos de los recursos necesarios para atender adecuadamente a estas personas.

El consejero hizo énfasis en que la crisis migratoria actual que enfrenta España ha hecho necesaria la habilitación "en el menor tiempo posible" de un centro en Fuenlabrada con el fin de "descongestionar la red de protección de menores" en la región, destacando que, hasta la fecha, se ha brindado atención a más de 2.000 menores no acompañados en la Comunidad de Madrid durante este año.

Defendiendo el modelo implementado en La Cantueña, en el polígono de Cobo Calleja, García Martín subrayó que allí los menores reciben clases de español, tienen la oportunidad de realizar actividades deportivas y cuentan con una pista de fútbol dedicada. Además, los educadores están facilitando salidas semanales para enseñar a los menores a utilizar el transporte público y para que conozcan las opciones de ocio gratuitas disponibles en Madrid.

El centro de La Cantueña ha establecido colaboraciones con el Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario (IMIDRA), ofreciendo visitas a fincas y centros de producción de alimentos. Asimismo, se ha asociado con la entidad social CESAL, permitiendo que los jóvenes realicen prácticas dentro de sus instalaciones. Este proceso incluye dos itinerarios de formación: uno en Manipulación de Alimentos y otro en Ayudante de Cocina, según informaron fuentes del Ejecutivo regional.

La Fundación CESAL también brinda apoyo psicológico y educativo durante este proceso de inserción, asegurándose de que los estudiantes seleccionados estén motivados y que las formaciones elegidas se adapten a sus capacidades y aspiraciones profesionales. Además, en un futuro cercano, se iniciará un nuevo programa de formación en logística.

Este centro de acogida de inmigrantes ha generado controversia tanto entre la Administración regional como la local, ya que está ubicado en una zona remota, alejado de viviendas, centros educativos y parques, pero rodeado de vías de circunvalación. Para facilitar el acceso, la Comunidad ha señalado que dispone de varias líneas de transporte público, y la entidad gestora ha implementado 10 vehículos para trasladar a los menores a actividades fuera del centro.

Por último, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha desestimado el recurso presentado por el Ayuntamiento de Fuenlabrada, que solicitaba la paralización de las obras, priorizando la situación de los menores migrantes por encima de la normativa urbanística. Se ha mantenido en suspenso la reversión solicitada de la cesión de los terrenos, cuya titularidad pertenece a la Comunidad, y Fuenlabrada ha continuado su lucha legal ante este mismo tribunal en contra de la adjudicación de las obras a través de la vía de emergencia del Gobierno regional.