Fiscalía solicita hasta siete años de cárcel por fraude en la venta de guantes durante la crisis sanitaria.
El Ministerio Público de Madrid ha decidido llevar a juicio a dos individuos acusados de haber participado en una estafa que se remonta a mayo de 2020, en medio de la crisis provocada por la Covid-19. Se contemplan penas de hasta siete años de prisión para ambos, al considerar que sus acciones constituyen un delito de estafa tipificado en el Código Penal.
En el documento presentado ante los tribunales, la Fiscalía atribuye a los acusados la coautoría de un esquema fraudulento, en el que uno de ellos podría beneficiarse de una atenuante relacionada con la reparación del daño, mientras que el otro enfrenta una agravante por reincidencia, dado su historial delictivo previo en casos similares.
Desde una perspectiva económica, el fiscal también ha solicitado que los acusados compensen de forma conjunta a la empresa LMR Sales and Research SL con un total de 86.063 euros, que corresponde a la suma de dinero que no fue devuelta, además de los intereses legales correspondientes.
Según los detalles expuestos en la acusación, durante los primeros días de la pandemia se generó una alta demanda por artículos médicos, llevando a Prevención Cadena del Frío y Protección SL a encargar la compra de 500.000 guantes de nitrilo a través de M. S. M. Á., representante de LMR Sales and Research SL.
Este último contactó a A. R., quien, en presunto contubernio con A. A., sugirió realizar la transacción mediante la empresa Imovitech World SL, bajo la administración de A. A. La Fiscalía sostiene que hubo una intención maliciosa desde el principio de no cumplir con la entrega del material, a pesar de que aparentaron lo contrario.
El 11 de mayo de 2020, se formalizó la compra de 10.000 cajas de guantes a un precio de 127.050 euros, desembolsados mediante dos transferencias a la cuenta de Imovitech World SL. Sin embargo, la acusación sostiene que, a pesar del pago, los guantes jamás fueron entregados.
A pesar de varias reclamaciones por parte de la empresa afectada, solo se reintegró la suma de 41.000 euros el 1 de junio de 2020, dejando sin solución el resto del dinero adeudado ni ofrecimiento de cualquier tipo de justificación por parte de los acusados.
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