En Madrid, la Asociación Verdad y Justicia ha tomado acciones decisivas al pedir al juez de Instrucción número 23 que emita de inmediato órdenes de búsqueda y captura contra Carlos Mur y Pablo Busca, dos ex altos funcionarios de la Comunidad de Madrid. Su solicitud surge después de que ambos no se presentaran a una citación como investigados en el escandaloso caso relacionado con la gestión de residencias durante la pandemia.

Esta citación forma parte de una serie de investigaciones que intenta arrojar luz sobre la presunta negativa a brindar atención sanitaria adecuada a los ancianos en residencias, un asunto que se ha vuelto particularmente candente tras una querella presentada por una familia afectada.

Ayer, Mur, quien fue director general de Coordinación Sociosanitaria y firmante del polémico protocolo en cuestión, junto a su sucesor Francisco Javier Martínez Peromingo y Pablo Busca Ostalaza, responsable del SUMMA 112 en ese momento, eran esperados en los tribunales para su declaración.

El testimonio de estos ex altos cargos se anticipó como un momento fundamental para revitalizar un proceso judicial que había estado estancado durante meses debido a disputas de competencia entre varios juzgados en la capital. Aunque algunos jueces habían decidido inhibirse a favor del Juzgado de Instrucción número 3 para crear una macrocausa, esta solicitud fue rechazada, y ahora el caso está bajo el escrutinio de la Audiencia Provincial de Madrid.

El caso específico bajo investigación está relacionado con el deceso del padre de Ángela Armingol, quien falleció en la residencia Amavir Valdebernardo, un incidente que está vinculado al Protocolo de Coordinación Sociosanitaria, actualmente objeto de escrutinio judicial.

Hasta el momento, solo Martínez Peromingo y el geriatra de enlace del Hospital Gregorio Marañón han comparecido ante el tribunal. Frente a la inasistencia de Mur y Busca, la abogada Alejandra Jacinta ha anunciado su intención de solicitar la emisión de órdenes de búsqueda y captura. Ha afirmado que, según informes, los intentos por localizar a Mur y Busca han sido fallidos en varias ocasiones, lo cual ha generado indignación y acusaciones de burla hacia el sufrimiento de las víctimas y el sistema judicial.

Mañana, se espera que los mismos investigados sean citados nuevamente en otro procedimiento en los juzgados de Collado Villalba. Durante una de las comparecencias anteriores, Martínez Peromingo admitió que los protocolos que se enviaron a los geriatras eran "discriminatorios", una advertencia que dijo haber comunicado por escrito a Carlos Mur en repetidas ocasiones.

El exfuncionario también señaló que su participación se limitó a revisar documentos preliminares, insistiendo en que la responsabilidad original recae sobre Mur, además de reconocer que las residencias no estaban adecuadamente equipadas para afrontar la situación de la pandemia. Rechazó cualquier implicación en la creación de dichos protocolos.

Por su parte, el geriatra del Hospital Gregorio Marañón contradijo la existencia de un protocolo de exclusión hospitalaria y afirmó que durante la pandemia se guiaba únicamente por criterios clínicos, aunque reconoció que el paciente en cuestión no fue enviado al hospital.

Tras las declaraciones, la hija del anciano fallecido expresó su tristeza por la falta de comparecencia de los ex altos cargos, subrayando la importancia de esclarecer las responsabilidades políticas y administrativas en este contexto tan doloroso.

"Hemos estado esperando justicia durante casi seis años. Esto no solo es por mi padre, sino por miles de personas que murieron en condiciones de abandono", manifestó a la salida del juzgado.

La acusación sostiene que la no presentación de Carlos Mur a la citación justifica plenamente la solicitud de órdenes de búsqueda y captura, una decisión que ahora tendrá que evaluar el juez instructor correspondiente.