• lunes 26 de septiembre del 2022
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Familiares del Valle de los Caídos comunican una demanda contra la regidora de San Lorenzo por presunta prevaricación

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MADRID, 26 Ago.

Familiares de republicanos sepultados en el Valle de los Caídos han comunicado la interposición de una demanda por la vía penal contra la regidora de San Lorenzo de El Escorial, Carlota Esteban López, por un presunto delito de prevaricación al no actualizar el permiso de proyectos para seguir a las exhumaciones de conformidad con la sentencia que levantó el mes pasado de junio la medida cautelar que paralizaba los trabajos en las criptas.

El aviso de la demanda se genera una vez que las familias hayan tenido ingreso al informe jurídico por el que el Consistorio rechaza la petición para actualizar el permiso de proyectos.

La petición se causó una vez que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) va a levantar la medida cautelar que sostenía paralizados los trabajos de ingreso a las criptas del Cuelgamuros.

No obstante, la regidora se niega a actualizar la licencia de proyectos debido al recurso que hay pendiente en el Tribunal Supremo contra la resolución judicial.

El informe jurídico en el que se comunica de manera desfavorable a la renovación, al que tuvo ingreso Europa Press, recopila que "la solicitud pedida solo podría estimarse en el momento en que la sentencia número 392/2022 adquiera solidez y sea notificada a este Ayuntamiento".

De igual manera, arguye que en lo concerniente a la pretendida ejecución provisional esta, en su caso, va a deber articularse en el seno del trámite judicial con el cumplimiento de los requisitos legalmente previstos en la Ley 29/1998 de 13 de Julio Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa que, en ningún caso, podrían obviarse por este Ayuntamiento.

Silvia Navarro, presidenta de la Asociación de Familiares Pro Exhumación de los Republicanos sepultados en el Valle de los Caídos, ha señalado que la concesión está avalada por la sentencia estable de 2016 referida a los hermanos Lapeña, fusilados en Calatayud y sepultados en el Valle de los Caídos, y la resolución del TSJM.

"No comprendemos por qué razón se obstruye la licencia y por consiguiente, una vez asesorados, las familias vamos a denunciar por la vía penal a la regidora", anunció.

Por su lado, el representante de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, Emilio Silva, ha considerado que "el Ayuntamiento puede estar prevaricando" de conformidad con los razonamientos que muestra en el informe.

Según el representante de esta asociación, "no existe motivación de la paralización" del permiso de proyectos, con lo que a su juicio la no concesión piensa "una resolución política que impide el ejercicio de un derecho a unos familiares".

"No solo es un ejercicio de humanidad por la parte de las autoridades de San Lorenzo sino, frente a la imposición de no actualizar, se transforman en ayudantes de quienes hace 60 años eligieron raptar esos cuerpos para sepultarlos en un espacio que no eligieron sus familias", ha aseverado.

De esta forma, ha criticado que el Ayuntamiento de esta ciudad madrileña se escude" en "una viable acción de recurso para interponerse frente a las familias y los derechos que éstas tienen".

Esta asociación ahora anunció hace unos días que estudiaba denunciar por presunta prevaricación administrativa a la regidora de San Lorenzo del Escorial, Carlota López Esteban, por su resolución de evitar que los familiares que desean sacar los restos de sus conocidos cercanos del Valle de los Caídos.

La regidora se ha negado a actualizar la licencia de proyectos para entrar a las criptas debido al recurso que hay pendiente en el Tribunal Supremo contra la resolución judicial de alzar las medidas cautelares que impedían las exhumaciones.

La ARMH cree que con el razonamiento de una resolución judicial recurrible, "el poder ejecutivo de un concejo no puede interponerse y también evitar el derecho de esas familiar". "La resolución de la regidora impide y cortocircuita una resolución judicial y se pone de forma arbitraria de una parte de quienes desean evitar el derecho de las familias", dan a conocer desde la ARMH.

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